Instituciones Penitenciarias niega la queja generalizada de malos tratos en la cárcel

La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de abrir 31 investigaciones sobre los malos tratos en las cárceles durante 1996 y 1997, denunciados por seis organizaciones humanitarias (véase EL PAÍS de ayer), suscitó ayer en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, la reiteración del "rechazo a las acusaciones generalizadas de malos tratos en las prisiones".

Preguntada ayer la Administración Penitenciaria, fuentes próximas al director general Ángel Yuste informaron a este periódico, en línea con lo ya manifestado cuando se anunció la entrega de la lista de quejas al presidente del CGPJ: "Reiteramos el rechazo a las acusaciones generalizadas de malos tratos en las prisiones". En cuanto al acuerdo del CGPJ, se remitieron a las competencias del órgano de gobierno de los jueces en materia disciplinaria o de otro orden.Las fuentes de Instituciones Penitenciarias señalaron que el exhaustivo informe del Defensor del Pueblo referido a los años 1988 a 1996 "literalmente refleja un avance en el respeto de los derechos fundamentales de los internos y, en especial, en la práctica erradicación de los malos tratos físicos, a lo que ha contribuido la sensibilización de los funcionarios de prisiones y la firmeza y energía de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en la corrección de los esporádicos y excepcionales casos producidos".

Por su parte, el pleno del CGPJ designó ayer vocal de la inspección -que se encargará de la investigación sobre las denuncias de malos tratos- a Ramón Sáez y jefe de la inspección a José María Bento. También confirmó a José Luis de Pedro como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Por otra parte, el Bloque Nacionalista Galego y Eusko Alkartasuna se han unido a IU para solicitar la comparecencia de Yuste en el Parlamento.