Presión policial a una familia en Galapagar

Lucía de la Concepción Pinto, de 30 años, es portuguesa, vive en una furgoneta junto al río Guadarrama y sabe que la policía no la quiere en Galapagar, municipio gobernado por el PP. Día sí y otro también, como recuerdan Lucía y las otras seis familias que malviven diseminadas en vehículos por el municipio, los agentes locales les exigen que se marchen. Una presión que el pasado martes llegó a su límite.

Ese día Lucía cogió a dos de sus hijos del brazo, mandó al colegio a los otros dos y se marchó junto a su marido, Moisés de los Santos Beiroto, a Las Rozas. Él iba a vender La Calle, y ella, a recoger el paquete de pañales que una farmacéutica le regala semanalmente. La furgoneta, su única posesión, quedó aquella mañana sola, rodeada de ropa tendida. Cuando la familia regresó a su hogar descubrió que alguien se había llevado todos los enseres dejados en los aledaños: tres mantas, una escoba, una fregona, tres barreños, un cubo, una mesa y hasta un botijo. Lo mismo le ocurrió a Noemia de los Santos Albe, cuya furgoneta está situada a 50 metros: "A mí me quitaron dos mantas de mi bebé, ¡ah!... y una silla".

La desaparición de los enseres no extrañó a los portugueses. "Ese día vino la policía y nos dijo que sólo nos devolverían las cosas si nos íbamos del municipio", señalan. Los agentes niegan la acusación y afirman que sólo retiraron algunas mantas tendidas en unos árboles recién plantados junto al río. "Como dañaban a los árboles y no conocíamos al titular de las prendas [las mantas estaban casi pegadas a la furgoneta], pues las retiramos. Y si a los portugueses se les ha dicho que abandonen el lugar, es porque se va a acondicionar como jardín municipal", sentenció el jefe de la policía local.

La explicación ha desatado las iras de SOS Racismo: "Se les persigue arbitrariamente. Ni son ilegales, ni han cometido delitos. Pero como no viven en un chalé, pues se les quita lo poco que tienen para que se marchen". Pese a este apoyo, los inmigrantes no se han atrevido a presentar denuncia. Algunos cobran el ingreso de integración, un salario que depende de los informes municipales.