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Dirigentes del PP de Alicante pactaron el desalojo de un alcalde socialista a cambio de subvenciones para obras

Dirigentes del PP de la provincia de Alicante suscribieron, en julio de 1996, un documento en el que se comprometían a facilitar subvenciones oficiales al municipio de Dolores (Alicante) a cambio de que sus propios ediles y los de un grupo independiente formalizaran una moción de censura contra el alcalde socialista. El caso desató ayer las críticas contra los conservadores, que, sin embargo, respaldaron la operación desde la Diputación de Alicante, que preside Julio de España, presidente provincial del PP.

En Dolores gobernó el PSPV-PSOE con mayoría simple hasta agosto de 1996. Un mes antes, los cinco concejales del PP y los dos representantes del Partido Independiente de Dolores formalizaron un pacto de gobierno ante notario. Ese documento, de dos folios, lleva también las firmas de Luis Lucas Bravo, coordinador de los independientes; Juan Manuel Cabot, vicesecretario general del PP de la Comunidad Valenciana, y Pedro Luis Barrios, coordinador del PP en la Vega Baja.

El documento, publicado ayer por el diario Información, específica que la mayor parte de las obras del programa pactado serían financiadas "al l00%" con subvenciones oficiales. El pacto no aclara qué instituciones públicas aportarían el dinero.

En el listado de actuaciones se incluyen desde la construcción de un polígono industrial, el acondicionamiento de las zonas verdes o un recinto ferial, hasta la colocación de refugios con bancos en las paradas de autobuses. El último punto del pacto declara como intención: "Cumplir el programa electoral del Partido Independiente de Dolores y del PP que conforman la nueva mayoría". Se especifica, además, que los compromisos "deberán estar ejecutados antes de que finalice 1998, a excepción de los apartados que lleven fecha de ejecución".

Las reacciones no se hicieron esperar. El vicesecretario general del PSPV-PSOE y portavoz en la Diputación de Alicante, Antonio Mira-Perceval, solicitó la comparecencia urgente de Cabot y Barnos, miembros de la institución, para que expliquen este "escándalo político". "Los hechos son muy graves, y confirman la compra de una alcaldía a golpe de subvenciones", señaló Mira-Perceval. "El PP utiliza fondos públicos para intereses partidistas".

El portavoz de Esquerra Unida, Joan Bautista Poveda, se sumó a la solicitud de comparecencia. "Estimamos que son técnicas mafiosas de la derecha, que quiere conseguir el poder como sea", declaró.

Por su parte, Juan Manuel Cabot, uno de los implicados, señaló que firmó ese documento como representante de un partido que apoyaba la moción de censura: "Es un acuerdo político y no institucional", dijo, sin aclarar la promesa de subvenciones.

El portavoz del PP, César Adsencio, afirmó: "Hay que desdramatizar; este es un acuerdo político legítimo, y si después se traslada el acuerdo es responsabilidad de las distintas administraciones y, en cualquier caso, antecedentes tenernos". El PP impidió que comparecieran los implicados.

El secretario general del PSPV, Joan Romero, ha pedido una comparecencia del presidente, Eduardo Zaplana, en las Cortes regionales sobre este asunto.

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