CiU forzará la liberalización del correo interurbano en la Ley Postal

La frágil mayoría parlamentaria del Partido Popular va a íncidir en una liberalización del correo interurbano más amplia de lo previsto por la Ley del Servicio Postal Universal que se tramita en el Congreso, según la Federación de Servicios Públicos de UGT. Una enmenda del grupo catalán CiU pretende de hecho liberalizar la correspondencia interurbana de negocios, con lo que el servicio universal quedaría despojado de su sector más rentable. El sindicato cree que con esta enmienda el operador público aumentaría su déficit crónico.

"La ley es tan farragosa que nos haría falta una prórroga superior a los seis días, que han concedido", confesaba ayer el diputado de CiU por Tarragona, Salvador Sedó. "Si la hubieran redactado menos espesa, más clara, nos sería más fácil el cribado de enmiendas".El parlamentario catalán confirmó la presentación de una enmienda al artículo 13 de la ley en la que se propone la liberalización del servicio postal de negocios a clientes y usuarios en el ámbito interurbano. "La tenemos que negociar con el PP, y los grupos canario y vasco. Pero ya sabe que el grupo que la presenta es importante", aclaró Sedó, dando por hecho que la enmienda cuenta con garantías para que sea admitida.

José Sayagues, secretario general de UGT-Correos, considera que si el proyecto de ley presentado por el Ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, supone un gotero para el enfermo (Correos) el grupo catalán practicará la eutanasia del servicio postal universal. "El ministro no tiene ni idea del enorme impacto de este cambio en un servicio tan básico", afirma.

Un informe del sindicato sobre el proyecto de ley indica que la liberalización de facto de todo el mercado postal "conduce a la inviabilidad económica del operador público y ésta a la pérdida de posibilidades para introducirse en nuevos mercados que aseguren su supervivencia". Si los envios urbanos que maneja el correo público suponen alrededor de un 30% del total de los envios y representan el 22% de la facturación total, una vez liberalizado el mercado urbano las estrategias comerciales privadas expulsarán al operador público de este segmento. Desde 1969 Correos soporta un déficit anual en torno al 23%. Si se liberaliza además el segmento más sustancioso económicamente del correo interurbano, UGT da por muerto al organismo público. 30.000 empleados (de los 65.000 en plantilla) que configuran la red de distribución universal del correo ordinario verían cercenado su puesto de trabajo.

El sindicato ha alertado sobre este riesgo a todos los grupos parlamentarios, incluido el Popular. Izquierda Unida y el PSOE presentarán enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley e incluso testos alternativos, aunque carecen de viabilidad dada la aritmética parlamentaria.

Sayagués insiste en que ningún país del mundo ha ido tan lejos en la liberalización postal: "Ni la Thatcher ni Mayor se atrevieron a dar ese paso cuando se plantearon la privatización se servicios básicos en Gran Bretaña. La opinión pública se opuso por el prestigio que tenía el Post Office".

La federación estatal de UGT-Correos es partidaria de la desaparición del contrato-programa del operador público porque detrae del control parlamentario la prestación del servicio universal y lo deja en manos del ministro de turno o a merced de un fondo de compensación de las operadoras privadas. En su lugar propone que sea el Parlamento quien fije, anualmente, el apoyo a este servicio.