Inversión electoral

LA APUESTA por la inversión en infraestructuras públicas es el camino más seguro para modernizar un país y mantener la competitividad. La planificación de las inversiones públicas es un proceso complejo en el que los Gobiernos suelen comprometer parte de su credibilidad, dado que es una de las escasas políticas que pueden gestionarse de forma autónoma. Pues bien, la intervención que el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, tuvo ante la Comisión Nacional de Infraestructuras para Comunicación el pasado 29 de septiembre y que se ha conocido ahora dice muy poco de su neutralidad como representante del Estado.El ministro de Transportes confundió sin duda la Comisión Nacional de Infraestructuras con la oficina electoral del Partido Popular. Expresiones tales como "el año 1998, desde una perspectiva electoral, será bueno porque hemos puesto en marcha una serie de mecanismos buenos para el sector de la construcción para generar actividad económica y empleo" revelan sin filtros políticos que su interés en "la actividad económica y en el empleo" es electoral. Su recomendación a los representantes autonómicos del PP de que no se comprometan en inversiones en ferrocarriles pero sí en carreteras "porque son más rentables electoralmente" indica que la asignación de recursos públicos puede estar gravemente sesgada por conveniencias partidarias. Su promesa de que "cuando se produzcan las elecciones del 99 habrá inversión en todas las comunidades autónomas" suena más a reparto universal del botín para comprar votos que a una petición de serenidad ante el inevitable ajuste del gasto.

Arias Salgado también expuso la conveniencia de concentrar inversiones públicas en un área comprendida en "200 kilómetros a la redonda de Madrid", porque "en los últimos 30 años el país se ha ido desequilibrando hacia el Mediterráneo". Una vez más, su comentario revela un voluntarismo político poco compatible con la realidad de los ejes de desarrollo, pero incluso para demostrar que su apreciación puede ser correcta debería haberla respaldado con cifras.

Tanto la desenvuelta patrimonialización verbal de los fondos públicos al servicio de los intereses electorales del PP como la apresurada pretensión de concentrar inversiones en "los 200 kilómetros a la redonda de Madrid" generan suficiente inquietud como para que el mi nistro de Transportes exponga públicamente en el Congreso si la planificación de inversiones de su departamento responde a los criterios que tan elocuentemente explicó ante la Comisión de Infraestructuras. Los ciudadanos tienen derecho a saber si este Gobierno tiene realmente un plan de infraestructuras a medio plazo o si se guía sólo por cálculos de rentabilidad electoral.