Los Quince planean aplazar la elección de la cúpula del BCE hasta después de la cumbre del euro

La "cumbre del euro" del 1 de mayo se abstendrá, casi con total seguridad, de elegir al presidente del nuevo Banco Central Europeo (BCE). La presidencia británica de la Unión Europea (UE), deseosa de que nada empañe la jornada en que se aprobará la lista de los países que accedan al euro, tiene prácticamente decidido no incluir ese punto en el orden del día. Difícilmente el litigio franco-holandés se resolverá para esa cita, pues Francia desconfía de los pactos no escritos.

La cumbre del euro (Consejo Europeo especial que se prolongará los días 1, 2 y 3 de mayo) debía adoptar tres decisiones: la criba de las monedas admitidas al euro; la fijación de sus paridades irrevocables y la elección del presidente y miembros del directorio del BCE, un organismo decisivo porqué controlará la política monetaria en la era del euro.La designación de la cúpula del BCE en esa fecha está prácticamente descartada. Altas fuentes comunitarias atribuyen la decisión a la presidencia británica. Ésta no quiere desacreditarse ni empañar el éxito de una cita histórica de gran simbolismo fracasando en una decisión aún inmadura y para la que queda un lapso de tiempo, pues el BCE debe empezar a funcionar según dispone el Tratado de Maastriclít, el 1 de julio.

La decisión sobre los nombramientos no está madura. Parece imposible alcanzar para entonces la requerida unanimidad de los países incorporados al euro. Y no hay unanimidad porque las fórmulas de compromiso para elegir presidente que contenten a Holanda -que defiende a su gobernador y actual presidente del Instituto Monetario Europeo (IME), Wim Duisenberg- y Francia -que propuso al suyo, JeanClaude Trichet- muestran agujeros. París desconfía de un pacto de caballeros sin garantías escritas. El ministro de Exteriores holandés, Hans van Mierlo, sugirió la primera propuesta transaccional poco después de que Jacques Chirac y Lionel Jospin propusiesen, el pasado 4 de noviembre, la candidatura de Trichet. Consistía en compartir el mandato entre ambos aspirantes. Enseguida se vio que el tratado lo impide, pues establece un mandato largo -de ocho años-, infragmentable y no renovable, para garantizar al zar del BCE suficiente autonomía respecto de las presiones políticas. El presidente luxemburgués, Jean-Claude Juncker, aderezó esa idea en la cumbre de diciembre al proponer que el reparto derivase de un imperativo fáctico: la fijación de la edad de jubilación en el "estatuto de inmunidades" del banco, con lo que si se elegía a Duisenberg -63 años- debería retirarse al cabo de dos o cuatro años (a los 65 o a los 67). Pero éste, a quien Van Mierlo no informó, se mostró susceptible. Y la propuesta tampoco suscitó el entusiasmo de todo el Gobierno holandés, al considerarla discriminatoria, puesto que en todo caso el supuesto segundo presidente, Trichet, debería gozar de un mandato de ocho años, esto es, en el mejor de los casos, el doble que su antecesor. Otros arguyeron que una edad muy temprana de jubilación descartaría a demasiados buenos profesionales en los sucesivos relevos a lo largo del tiempo. Quedaba el pacto de caballeros, un compromiso personal de Duisenberg para retirarse al cabo de un plazo, y otro de los jefes de Gobierno acordando sustituirle entonces por Trichet. Problema: no se pueden plasmar sobre el papel, so pena de que a los mercados les sonase a pasteleo. Problema adicional: a la hora de nombrar a Trichet ya se habrán incorporado al curo los países de la segunda velocidad (Reino Unido, Dinamarca, Suecia), que ahora carecen de derecho a voto. Francia teme que cualquiera pueda romper el acuerdo verbal, presentando candidatos alternativos. De modo que la polémica sigue sin solución inmediata. Otro factor aconseja además el aplazamiento. Holanda celebra el 6 de mayo elecciones legislativas, y su clase política pretende que este asunto no sea capitalizado, ni a favor ni en contra, por ninguno de los partidos que forman la actual coalición de Gobierno (el socialista del primer ministro Wim Kok y el liberal del ministro de Hacienda, Gerrit Zalm). Por eso se perfila la idea de adoptar la decisión en el Ecofin (Consejo de Ministros de Economía y Finanzas) del 19 de mayo, sometiéndola a la aprobación escrita de los jefes de Estado o de Gobierno, que no necesitarían reunirse en una cumbre especial. Les bastaría con celebrar el nombramiento en el Consejo Europeo de Cardiff (15 y 16 de junio). Las ventajas de la primera fecha sobre la de Cardiff son que da más plazo para fraguar el acuerdo, para los trabajos de prelanzamiento del BCE y para la obtención de la confianza política (en bloque, como se hizo con la Comisión) a través de las audiencias prescritas del Parlamento Europeo. La desventaja es que evidencia, aún más, el creciente poder cuasitecnocrático del Ecofin, que ya ha desbordado al Consejo de Asuntos Generales (ministros de Exteriores) y cuya sombra se cierne, abrumadora, incluso sobre el Consejo Europeo.