La justicia se adelanta al Parlamento

La sentencia del Supremo, si se generaliza en su aplicación, puede dejar obsoleta la reforma de la Ley de Objeción de Conciencia, que desde hace 15 meses permanece bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo entre el Gobierno y sus socios catalanes.

El 26 de noviembre de 1996, el pleno de la Cámara admitió a trámite por unanimidad una proposición de ley de CiU que limita la situación de disponibilidad del objetor a un máximo de un año y establece que, transcurrido este plazo sin haber sido llamado para incorporarse a la PSS, pase directamente a la reserva. También exime de la prestación a todos los objetores que, a la entrada en vigor de la reforma, lleven más de un año de espera.

Frente a estas pretensiones, el Grupo Popular presentó una enmienda en la que ampliaba el periodo de disponibilidad a un máximo de cinco años, salvo si se pidiera incorporación inmediata, en cuyo caso se reduciría a 18 meses. Sólo una vez transcurridos estos plazos sin haber sido llamados, los objetores pasarían a la reserva.

Fuentes de CiU indicaron ayer que, en las conversaciones mantenidas en los últimos meses con el PP, se han aproximado posiciones, hasta el punto de que está muy próximo un acuerdo para que en el futuro se sitúe en 18 meses el tiempo máximo de espera, siempre que el afectado no pida aplazamiento. Más difícil resulta, según las mismas fuentes, el pacto respecto a los 115.000 objetores pendientes. El PP se niega a eximir automáticamente de la PSS a todos los que lleven más de 18 meses de espera y propone una reducción gradual del plazo, a partir del máximo de cinco años.