Una denuncia del PSOE puso en marcha la investigación

La investigación del caso Tomey se inició a raíz de una denuncia presentada por Jesús Alique, diputado y portavoz del grupo socialista en la Diputación de Guadalajara, donde gobierna el PP. El escrito se presentó en un juzgado el pasado 13 de junio y en el mismo se aseguraba que 3.500 millones de pesetas podrían haber sido incorporados ficticiamente a los presupuestos de la corporación -de los años 1991 a 1996- como pendientes de cobro cuando no existía cantidad alguna por ese concepto.María Angeles García, fiscal jefe de Guadalajara, comenzó su investigación tras descartar que la denuncia persiguiera únicamente "una mera operación de desgaste y descrédito del adversario político". Durante seis meses, la fiscal acopió documentación y tomó declaración, por escrito, a Francisco Tomey, presidente de la Diputación, y a José Villalgordo, interventor de la corporación. Les solicitó a ambos que aportaran la justificación de esas supuestas deudas, pero no consiguieron acreditarla.

"Alteración pertinaz"

El 28 de enero, la fiscal de Guadalajara firmó un decreto en el que elevaba sus diligencias de investigación criminal al fiscal del Estado, Jesús Cardenal, ante la existencia de un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial del que "verosímilmente" son autores Tomey y Villalgordo. En el mismo aseguraba que hubo "una alteración pertinaz" de los presupuestos y no "un error contable".Villalgordo, que falleció el día 14 a los 64 años, advirtió en varias ocasiones a los responsables del organismo que era conveniente cambiar los criterios de previsión de ingresos. Aconsejó también dejar de incluir en los presupuestos partidas de dudoso cobro, según su abogado, Pedro Martínez. "Pese a esas advertencias, él nunca tuvo conciencia de estar cometiendo delito alguno", asegura el letrado. En su escrito de defensa, Villalgordo indicaba que "la existencia de esos restos por cobrar" no supone la alteración de los presupuestos "porque en nada se relacionan con ellos". El Tribunal de Cuentas investiga los mismos hechos.

La correduría de seguros Proases, cuyo principal accionista es el hermano de Tomey (vicepresidente de la FEMP además de presidente de la Diputación), tiene adjudicada la administración, gestión y desarrollo del servicio de riesgos de la agrupación de ayuntamientos. El contrato entre Proases y la FEMP se firmó en 1989, cuando Tomey era vicepresidente de la empresa y su esposa y dos hermanos los principales accionistas. Proases gestiona primas por 3.800 millones de pesetas contratadas por mil corporaciones locales.