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EL 'CASO TOMEY'

El Gobierno dice que en este caso "no hay corrupción"

Luis R. Aizpeolea

José María Aznar no emplazará a dimitir a Francisco Tomey. El Gobierno restó ayer importancia a la denuncia de los fiscales para que el Tribunal Supremo tome cartas en las posibles irregularidades de la gestión del presidente de la Diputación de Guadalajara. Al finalizar el Consejo de Ministros, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez informó que Tomey seguirá en su cargo y argumentó que su caso es distinto al que arrastró la caída del presidente de la Junta de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid. Respondía así a los socialistas, que ayer mismo se apresuraron a instar al Gobierno a actuar contra Tomey con la misma diligencia con la que actuó José María Aznar Con el caso de Demetrio Madrid.

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Aznar, entonces jefe de la oposición en Castilla y León, dio 24 horas a Madrid para dimitir, lo que éste hizo fulminantemente. La dimisión se produjo el 29 de octubre de 1986 después de hacerse público su procesamiento como consecuencia de una demanda presentada por las trabajadoras de su antigua empresa textil Pekus por un presunto delito social en la venta de la empresa. Madrid fue absuelto finalmente por el Tribunal Supremo en enero de 1990.

Los tribunales absolvieron posteriormente a Madrid en relación con un conflicto laboral que afectó a una empresa familiar que regentaba antes de ser presidente. La acusación fue de venta fraudulenta de la empresa.

Rodríguez argumentó que el caso Tomey es distinto al de Madrid tanto por la cantidad denunciada como por las circunstancias que le rodean. A renglón seguido, concretó las circunstancias pecualiares que, a juicio del Gobierno, rodean el caso del senador del PP. "No estamos ante una querella de los fiscales sino ante una denuncia. Es un matiz importante". El portavoz repitió la doctrina oficial del Ejecutivo: "El Gobierno no opina de cuestiones que afectan a los tribunales. Dejemos trabaar a los jueces". También se remitió a la investigación interna que el PP de Castilla-La Mancha realiza sobre este caso.

No obstante, ante las insistentes preguntas de los periodistas, el portavoz dijo que hasta el momento, de lo que están hablando los fiscales del caso Tomey es de "balance de presupuestos de la Diputación de Guadalajara y no, al parecer, de una práctica de corrupción" en la que falte dinero "y se encuentre en otro sitio".

El portavoz del Gobierno también evitó paralelismos entre este caso y otros en los que se han producido dimisiones por responsabilidades políticas antes del pronunciamiento de los tribunales, como fue del presidente balear" Gabriel Cañellas (PP), absuelto también posteriormente por los tribunales por prescribir el caso Sóller por el que fue denunciado.

El portavoz trasladó a los órganos dirigentes del PP en Castilla-La Mancha el papel de establecer responsabilidades políticas. "Otra cosa sería que yo estuviera en la sede del PP, pero desde ésta mesa -dijo en alusión a su cargo de portavoz del Gobierno- no me puedo manifestar".

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