Conde vuelve a prisión por el 'caso Argentia Trust'

El Tribunal Supremo condenó ayer a Mario Conde, ex presidente de Banesto, a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida en la operación de pago de 600 millones de pesetas conocida como el caso Argentia Trust, y decidió anular el delito de falsedad en documento mercantil. La sala de lo Penal, sección primera, de la Audiencia Nacional, que dictó la sentencia recurrida, decidió en la mañana de ayer la detención de Conde y su ingreso en prisión, hecho que se produjo a las 15.10 horas.

Los cinco magistrados del Tribunal Supremo (José Jiménez Villarejo, Enrique Bacigalupo, Luis Román Puerta, Gregorio García Ancos y Joaquín Martín Canivell) decidieron por unanimidad confirmar que Conde cometió un delito de apropiación indebida. Sin embargo, el magistrado Román Puerta presentó un voto particular en referencia al delito de falsedad en documento mercantil. El magistrado señala que la Audiencia Nacional, al imponer la condena por apropiación indebida en concurso con falsedad en documento mercantil, el pasado 20 de marzo, estuvo en lo cierto. De hecho, el voto de Román Puerta es el más duro de toda la sala, ya que pedía la confirmación de la sentencia condenatoria de seis años.

El Tribunal Supremo consideró que Conde cometió apropiación indebida al disponer de los 600 millones de pesetas en agosto de 1990 aún cuando, como dice la sentencia recurrida por el ex banquero, él no fuese el destinatario real o quien se apoderase del dinero. "El tipo [apropiación indebida] se realiza aunque no se pruebe que el dinero ha quedado incorporado al patrimonio del administrador, únicamente con el perjuicio que sufre el patrimonio del administrado, como consecuencia de la gestión desleal de aquel, esto es, como consecuencia de una gestión que el mismo ha violado los deberes de fidelidad inherentes a su status", señala. El fallo añade que, con independencia de quienes pudieron ser receptores del dinero, Conde ha sido responsable de un delito de apropiación indebida.

La sentencia rechaza la existencia de indefensión por no haberse enviado una segunda comisión rogatoria a Suiza y recuerda que Conde no propuso ese medio de prueba. Rechaza vehementemente que en el juicio oral se hubiese "invertido la carga de la prueba", esto es, que se obligara a Conde a demostrar su inocencia.

Los magistrados dicen que el acusado "como presidente de Banesto tenía el deber de ser el más celoso gestor de los intereses del banco, pese a lo cual incumplió, de la forma más clamorosa, dicho deber realizando un acto de disposición mediante una orden de transferencia, no justificada por contraprestación alguna en beneficio de Banesto". Los magistrados, con la excepción de Román Puerta, estiman, en relación al delito de falsedad en documento mercantil, que no ha quedado probado que Conde confeccionara o hiciera confeccionar la factura pagada. Si bien subrayan que la factura era una "mentira", en cuanto a su contenido -presuntos trabajos e informes inexistentes- no se ha logrado acreditar su inautenticidad.

Ayer por la mañana, José Jiménez Villarejo, presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo y ponente en el caso Argentia Trust, comunicó personalmente a Siro García, presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el contenido de la nueva sentencia, surgida al admitir parcialmente el recurso de Conde en relación con el delito de falsedad en documento mercantil. Jiménez Villarejo ordenó, a continuación enviar por fax a la Audiencia Nacional el texto de la nueva sentencia con su parte dispositiva.

Acto seguido, Siro García, según fuentes judiciales, formó sala de la sección primera con los magistrados Antonio Díaz Delgado y Angela Murillo para exponer la nueva situación, derivada de una sentencia firme de cuatro años y seis meses de prisión. Los magistrados acordaron una providencia de ingreso inmediato de Conde en la prisión de Alcalá Meco (Madrid) para evitar cualquier riesgo de fuga, habida cuenta de que el ex banquero se enfrenta en el caso Banesto a una petición de 35 años de prisión por varios presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedades contables. Conde, que estaba sometido a vigilancia policial, fue detenido en sus oficinas de la calle Gobelas, en la urbanización madrileña de La Florida.

El abogado Antonio García Pablos presentará de forma inminente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la nueva sentencia del Tribunal Supremo, en el que solicitará que se suspenda la ejecución de la pena de prisión inmediatamente ejecutada. Fuentes jurídicas señalaron que dicho recurso carece de puntos suceptibles de impresionar al Tribunal Constitucional, al haber declinado Conde denunciar, en su día, en la fase de cuestiones previas del caso Argentia Trust, presuntas violaciones de sus derechos fundamentales.