La Confederación del Tajo ordena el derribo de 173 viviendas ilegales

La Confederación Hidrográfica del Tajo está ultimando las notificaciones de derribo con las que quiere recuperar sus derechos sobre los ríos de la región. De sus oficinas saldrán, entre hoy y el miércoles, 173 notificaciones dirigidas a otros tantos ocupantes de viviendas situadas dentro de las zonas inundables del arroyo de la Vega y de los ríos Jarama, Henares y Manzanares. Estas viviendas, la mayoría segundas residencias y que fueron levantadas sin ningún tipo de permiso, se encuentran dentro del dominio público hidráulico. La apertura de las compuertas de un pantano o una fuerte avenida de agua pondría en peligro las vidas de sus moradores.

Las 173 notificaciones que ahora va a enviar la Confederación del Tajo conforman el primer bloque de requerimientos que esta institución realizará a los más de mil propietarios de viviendas ilegales junto a los ríos de la región.

Las notificaciones, muchas de las cuales tendrán que ser entregadas en mano por los empleados de la Confederación, ya que hasta el borde de los ríos no llegan los carteros, serán repartidas de la siguiente manera: 14 junto a las orillas del río Jarama a su paso por San Fernando; otras 43 en este mismo municipio, pero en el Henares; 55 más en las orillas del Henares, pero en Alcalá; 28 en Madrid, junto al Jarama, y otras cuatro más en el Manzanares; en Alcobendas, junto al arroyo de la Vega, serán entregadas tres más, y las 26 últimas, en este mismo arroyo, pero en San Sebastián de los Reyes.

El presidente de la Confederación, Juan Antonio Llanos, afirma que, si "los moradores no aceptan irse por las buenas, la Confederación tendrá que recurrir a los jueces". Llanos añade: "Hay que hacer comprender a la gente que no se puede ocupar el dominio público, porque es muy peligroso para sus vidas".

La iniciativa de expulsar a los propietarios de las viviendas ilegales junto a los ríos corresponde a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Gobierno regional. El pasado noviembre, el presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, reunió a todas las consejerías implicadas, a varios alcaldes, al delegado del Gobierno, al presidente de la Federación Madrileña de Municipios y a la Confederación Hidrográfica. Les pidió que elaborasen un censo de edificaciones ilegales. El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) cuantificó: 1.070 construcciones ilegales.