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El alcalde de Granada dimite como presidente de la empresa Inagra

El alcalde de Granada, Gabriel Díaz Berbel, del Partido Popular (PP), asumió ayer su segundo error en el caso Inagra, la empresa encargada de recoger la basura de la ciudad y que intentó contratar a un hijo suyo como director general. Díaz Berbel dimite como presidente de su consejo de administración -ocupaba el cargo desde 1995 sin que hubiera trascendido a la oposición- antes incluso de conocer el dictamen de la Comisión de Incompatibilidades del Senado.

Todos los actos en los que ha intervenido en su triple calidad de alcalde, presidente del consejo y senador quedan, pues, sin valor alguno, incluida la prórroga del contrato a Inagra por otros diez años, la cual será ahora sometida por segunda vez a la aprobación del pleno.

Con el ánimo, dijo, de "facilitar las cosas" y evitar que su voto "perturbe" la prórroga del contrato a Inagra, Díaz Berbel compareció el viernes ante un notario, que levantó acta de su dimisión como presidente de la sociedad, cuyo capital es privado en el 90%. Hace un mes, durante el último pleno, el grupo popular le arropó. Su portavoz, Francisco Pertíñez, comentó, ante el escándalo de la oposición, que al ser Inagra una empresa cuyo único objetivo es la limpieza de la ciudad, no estaba claro si era pública o privada.

El propio Díaz Berbel culpó al anterior alcalde, el socialista Jesús Quero, de haberle obligado a prorrogar el contrato de Inagra, ya que no constituyó una comisión para valorar su patrimonio, requisito necesario para convocar un concurso abierto.

Más incompatibilidades

Antonio Cruz, el portavoz socialista, mostró ayer su satisfacción porque Díaz Berbel "ha restablecido la legalidad y ha dado la razón al PSOE cuando le acusó de incompatibilidad". "Esto significa que nuestra actitud no era de acoso hacia él, sino una defensa de los intereses de los granadinos y de la legalidad", añadió.Cruz insistió en que el alcalde incurre en al menos otras tres incompatibilidades: como presidente de Emasagra (la empresa del agua potable), del Instituto de Formación y Empleo y del Patronato de Escuelas Infantiles. Además, hay serias dudas de que pueda ejercer como presidente las empresas municipales del suelo y la de cementerios.

IU reaccionó con más dureza y exigió que Díaz Berbel "pague políticamente sus responsabilidades". La concejal Amelia Romacho pidió su dimisión y matizó que, "de no ser receptivo a ella pese al abuso que ha cometido, el PP debe plantearse su cambio, y no ya como candidato para las próximas elecciones, sino para lo que queda de mandato".

Romacho acusó al alcalde de haber retrasado cerca de un mes una dimisión que debió aceptar cuando la oposición se la exigió en el pleno. "Si ha dimitido ahora, antes de que llegue, queda claro que la petición del informe del Senado sobre las incompatibilidades fue una táctica dilatoria", concluyó.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de febrero de 1998