El silencio administrativo será considerado desde ahora como respuesta favorable a los ciudadanos
Las solicitudes presentadas ante la Administración que no reciban respuesta en el plazo fijado serán consideradas a partir de ahora como favorables a los ciudadanos. El Consejo de Ministros aprobó ayer la generalización del silencio positivo. El anteproyecto de modificación de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas incluye otras medidas tendentes a reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
El anteproyecto de modificación de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que simplifica los trámites administrativos, advierte que en la actualidad, aunque la ley 30/92 ya preveía el silencio positivo, se habían producido tantas excepciones que en la práctica el silencio negativo se producía en más del 70% de los casos.Además, para garantizar la efectividad del silencio positivo se suprime la certificación de acto presunto, lo que evitará que la Administración pueda dictar una resolución contraria. Hasta ahora, los ciudadanos que quieren validar los efectos del silencio positivo tienen que pedir una certificación y la Administración dispone de 20 días para dársela y puede resolver en contrario.
La entrada en vigor de esta ley supondrá un plazo de tres meses para resolver las peticiones para aquellos procedimientos que no dispongan de uno fijado.
Asimismo, se recupera el recurso de reposición, eliminado en la ley de 1992, que permite al ciudadano recurrir al mismo órgano que dictó un acto administrativo. Así se resuelven muchas solicitudes sin acudir a los tribunales.
Esta medida beneficia principalmente a nivel municipal, ya que ahora, por ejemplo, el ciudadano acude a su ayuntamiento a pedir una licencia y, si se le deniega, tiene que acudir al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. Con la reforma podrá volver a insistir ante su alcaldía.
Por otra parte, la reforma plantea la creación de una comisión, presidida por el ministro de Administraciones Públicas, que trabajará en la reducción de los cerca de 2.100 procedimientos existentes a diez categorías generales para eliminar de esa manera trámites innecesarios.
Otros acuerdos
El Gobierno denegó al alcalde del Condado de Treviño, que recurrirá, la autorización para celebrar una consulta popular sobre la oportunidad de un referéndum acerca de la incorporación del municipio a Alava.Se aprobó la firma ad referendum del Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares, así como la denuncia del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que discrimina el empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos en las minas, y la contratación del suministro y transporte de ayuda humanitaria a Perú para abastecer a la población afectada por el fenómeno metereológico El Niño.
Igualmente, se acordó el anticipo de cerca de 1.200 millones de pesetas a compañías navieras para completar el pago de bonificaciones en las tarifasde pasajes de ciudadanos de la UE residentes en Canarias,Ceuta, Melilla y Baleares. Además, el Gobierno tomó razón de las obras de emergencia requeridas en varios edificios públicos y, en especial, de las necesarias para reparar los daños causados por las inundacionesde Guipúzcoa, para lo que seaportarán más de 1.400 millones. Por último, se autorizó la participación de España, como miembro responsable, en el programa de la Red Europea de Apoyo Climático (ECSN).
Nombramientos: Manuel Cacho Quesada, embajador en Nigeria, y Aurora Bernáldez Dicenta, en Pakistán.
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