Los hispanos quieren una reparación

A 150 años de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo entre México y Estados Unidos, familias mexicanas o descendientes de españoles reclaman miles de kilómetros cuadrados de tierras fértiles perdidas en la contienda de 1848, que terminó con la amarga derrota de las tropas aztecas. "Algún día recuperaremos lo que es nuestro", prometen los caudillos de la demanda territorial, confiados en la inicativa republicana de crear una comisión que eleve al presidente y Congreso norteamericanos las propuestas de resarcimiento. "El tratado es nuestra biblia", ha declarado a The New York Times Luis H. Sandoval, uno de los abanderados de la reivindicación. Los promotores de esta reparación sostienen que los antepasados de alrededor de un millón y medio de hispanos fueron expoliados de sus tierras con abusos y engaños al producirse la anexión por Estados Unidos de antiguos territorios mexicanos.El despojo territorial de México hace siglo y medio fue mayúsculo. Gobernaba el incapaz Antonio López de Santa Anna. Pese a todo fue reelegido y en posguerra cometió su definitiva fechoría: vendió a Estados Unidos 77.000 kilómetros del sur de Nuevo México. Tres años después partió al exilio y desapareció del mapa.

Los gringos atacaron en el año 1846 con regimientos disciplinados, apoyo logístico y modernos pertrechos bélicos. Arrasaron por el sur a los mexicanos, sin la organización ni fuerza castrense suficiente, ni la cohesión política necesaria para contener la voraz acometida de las fuerzas del general Winfiel Scott. Una avanzadilla arremetió por un flanco y tomó Chihuahua, otra atacó desde Tejas y rindió Monterrey, Cohauila y trincheras del sur. El grueso del Ejército estadounidense se adentró imbatible hasta la misma Ciudad de México.

La conmemoración del Tratado de Guadalupe Hidalgo pasó inadvertida en México y Estados Unidos a fin de evitar que el recordatorio del nacionalismo herido afectase negativamente una relación bilateral intensa. México es el tercer socio comercial de Estados Unidos, y tanto sufre como se beneficia del poderío norteño. La indiferencia del 2 de febrero, cederá el paso a un mayor activismo en el sur ocupado el próximo 23, efemérides del día en que el presidente James Konox Polk sometió el tratado a la ratificación del Senado. Miles de familias de ascendencia mexicana o española, domiciliadas en poblaciones cercanas a las lindes fronterizas, denuncian que una mafia de abogados y funcionarios manipuló a su antojo el tratado y robó en la década de 1920 a 1930 las mejores tierras, muchas propiedad ahora del Departamento de Bosques del Gobierno norteamericano. Algunos evocan el año 1754, año en que España garantizó a sus nacionales en América tierras cuya propiedad, aseguran, no han prescrito.

La protesta fue a veces violenta: un camión del departamento fue incendiado, se disparó contra las oficinas del servicio forestal y volaron con dinamita una torre de comunicaciones. Los republicanos norteamericanos aprovechan las exigencias territoriales, sostenidas directa o indirectamente por un millón y medio de personas, para abrir una brecha en los cincuenta años de hegemonía demócrata sobre el norte de Nuevo México. Roberto Mondragón, antes demócrata y ahora dirigente del Partido Verde, abrazó a Gingrich con el promotor republicano de la iniciativa favorable a la devolución de tierras, diputado Bill Redmond, y le intimó a cumplir. "Hay un viejo proverbio español que dice: 'si me quieres, demuéstramelo, no sólo me lo digas". La historia habla del saqueo sufrido por México en aquella guerra de 18 meses. Perdió la mitad de su territorio y Estados Unidos expandió en un tercio el suyo. Buena parte de Arizona, California, Colorado, Kansas, Nuevo México, Nevada, Oklahoma, Tejas, Utah y Wyoming pertenecían a México. El control mexicano de esas regiones fue breve: apenas dos años, casi un paréntesis entre los 223 de dominio español y los 150 bajo, bandera norteamericana.

Los litigantes aceptarían en esencia la solución dada a los indios, indemnizados con 2.000 millones de dólares muchos años atrás por considerar los tribunales que fueron expoliados territorialmente y vulnerados los tratados de paz suscritos entre sus jefes y el Gobierno de Estados Unidos.