La fiscalía apunta a los delitos de falsedad y malversación en el caso del senador Tomey

La investigación realizada durante seis meses por la fiscalía de Guadalajara sobre la presunta conducta delictiva del senador del PP y presidente de la Diputación Provincial, Francisco Tomey, además de a un delito de falsedad en los presupuestos de dicha corporación por más de 3.500 millones de pesetas, apunta hacia un delito de malversación de caudales públicos por el mismo importe. Personas conocedoras de las actuaciones de la fiscal jefe de Guadalajara, María Ángeles García, ya en poder de la fiscalía del Supremo, aseguraron que la investigación que la fiscal no pudo continuar al aparecer indicios de falsedad en el aforado Tomey conducen al delito de malversación, que corresponde comprobar a la fiscalía del Supremo.

Las actuaciones se contienen en seis tomos y 1.324 folios, remitidos el pasado 28 de enero al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. El decreto firmado por la fiscal jefe de Guadalajara pedía a Cardenal que ante la investigación criminal iniciada en la que aparecían indicios delictivos en el aforado Tomey, dada su "cualidad de senador públicamente conocida" ordenara "la continuación de la investigación por esta fiscalía o su envío a la fiscalía del Supremo".García vinculaba esta última opción al supuesto de que Cardenal apreciara "que hay méritos suficientes para la existencia de un delito continuado de falsedad en documento oficial al que no es ajeno el Excelentísimo señor presidente de la Diputación". Cardenal envió el asunto a la fiscalía del Tribunal Supremo para que, en su caso, iniciara las acciones oportunas contra el senador Tomey ante la Sala Segunda de lo Penal del Alto Tribunal, encargada de enjuiciar a los aforados.

El decreto de la fiscal jefe de Guadalajara constata indicios del delito continuado de falsedad en documento oficial por la ocultación en los presupuestos de la Diputación provincial de 1991 a 1996 "mediante apuntes contables mendaces [de] un déficit de más de 3.500 millones de pesetas". Y estima que de ese delito "verosímilmente son autores el aforado Francisco Tomey, senador y presidente de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, y el interventor, señor [José] Villalgordo", fallecido el sábado último.

Sin embargo, según las citadas fuentes, la investigación apunta hacia el delito de malversación de caudales públicos. En esa línea se dirigieron los requerimientos de la fiscal para que Tomey, Villalgordo y otros altos funcionarios de la Diputación aportaran "la relación nominal de deudores, concepto por el que se tiene esta cualidad e importe de la deuda en las liquidaciones de los presupuestos generales referidos en la denuncia" (1991, 1993, 1994 y 1995). La documentación requerida no fue aportada, por lo que esa comprobación se encuentra pendiente, a la vista de que se han constatado en los presupuestos "créditos inexistentes o ficticios", según la fiscal. Falta averiguar si los administradores del presupuesto, para poder gastar más, fingían que existían deudas pendientes o si hacían figurar como pendientes importes previamente ocultados o sustraídos.

Los conceptos presupuestarios reiteradamente discutidos por la oposición alcarreña dieron lugar a un informe del interventor de la Diputación, que el 4 de septiembre de 1997 reconoció a la fiscal jefe "un saldo de dudoso o imposible cobro" por un importe superior a los 3.500 millones de pesetas. Entre las cifras "de dudoso o imposible cobro" que lo integraban figuraban más de mil millones de pesetas en concepto de participación de la Diputación de Guadalajara en los Tributos del Estado.

Sin embargo, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes certificó en 1995 que Guadalajara había "percibido la totalidad de la asignación, sin que quede cantidad alguna pendiente por ese concepto, ni reclamación alguna". ¿Dónde está ese dinero? En su escrito a Cardenal, la fiscal argumenta: "Es indudable que es de imposible cobro lo que no se debe y que nada se debe ni se debió queda meridianamente claro", señala, "en el informe del interventor, evacuado el 10 de febrero de 1997, en el que dice que "Ia justificación y motivos de la anulación de derechos de varios conceptos presupuestarios de ejercicios cerrados, obedece a derechos contraídos de más por error".

Las sospechas producidas por estos errores llevó al denunciante, Jesús Alique, a pedir "la lista individualizada de acreedores y deudores de la Diputación de Guadalajara a 31-12-96 y los soportes documentales que se han manejado para su confección".