La presunta deuda ficticia en los presupuestos

Tributos del Estado, aprovechamientos agrícolas y forestales, intereses bancarios, obras y recaudación son las principales partidas de supuesta deuda ficticia que se han incluido en los presupuestos de la Diputación de Guadalajara de 1991 a 1996 hasta alcanzar un monto de 3.500 millones de pesetas, según la denuncia presentada por Jesús Alique López, diputado y portavoz del grupo socialista.

Tras investigar esta denuncia, presentada el pasado 13 de junio, la fiscal jefe de Guadalajara, María Ángeles García, ha firmado un decreto en el que acusa a Francisco Tomey, senador del PP y presidente de la Diputación, y a un interventor -José Villalgordo Rodríguez, fallecido el sábado pasado- de un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial. El Tribunal de Cuentas ha iniciado otra investigación sobre los mismos hechos y el Supremo decidirá si de las diligencias de la fiscal se desprende delito por condición de aforado del senador. Éste niega cualquier responsabilidad en los hechos.

¿Cuál es la supuesta deuda ficticia de 3.500 millones que aparece reflejada, "mediante una alteración pertinaz", en los presupuestos de la Diputación que rige el PP?. La principal y más importante es la referida a la participación en los Tributos del Estado que, según los presupuestos de Tomey, asciende a unos 1.000 millones de pesetas.

La denuncia del diputado Alique asegura que se ha reconocido la citada cantidad como deuda pendiente de cobro durante los ejercicios de 1991 a 1994, ambos inclusive, "a pesar dé que la Administración del Estado no adeuda cantidad alguna por dicho concepto". Así, figuran 370.523.833 en 1991; 25 8.228.109 en 1992; 154.294.970 en 1993; y 246.093.816 en 1994.

Pero el Gobierno, en contestación a una pregunta formulada por el diputado socialista José Luis Ros, despejó las dudas. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes contestó: "En el caso de la Diputación Provincial de Guadalajara no existe pendiente de pago cantidad alguna en concepto de participación en los Tributos del Estado correspondiente al citado periodo" (ejercicios de 1991 a 1994). El Ejecutivo añadió que no tenía constancia de que ninguna Diputación Provincial haya formulado recurso alguno contra la distribución de las participaciones en los Tributos del Estado.

Según la denuncia socialista, la finalidad de esta presunta falsedad documental es "obviar los requisitos y controles que exige la ley en virtud del principio básico de equilibrio presupuestario, que prohibe la aprobación de un presupuesto con déficit inicial".

El siguiente capítulo de supuesta deuda falsa es el de los aprovechamientos agrícolas y forestales. En los presupuestos de los años 1991 a 1994, ambos inclusives, aparecen como pendientes de cobro más de 173 millones de pesetas, que según el denunciante también son falsos. Como ejemplo, el denunciante asegura que no se han realizado adjudicaciones de aprovechamiento de los años 1992 y 1994. Además, como pendiente de cobro figura en 1995 la cantidad de 43.210.684 cuando, según la denuncia, debería haber figurado 11.648.464 pesetas.

Los intereses bancarios son otra de las partidas de supuesta deuda aprobada por el gobierno de Tomey. Entre los años 1992 y 1994, ambos inclusive, se esgrimen como pendientes de cobro más de 29 millones de pesetas. "Es falso que ninguna entidad financiera adeude cantidad alguna", señala el diputado socialista Alique.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha figura también como deudora de la Diputación de Guadalajara por obras de diversos planes de 1993, así como por otros conceptos de 1994. El monto de esta deuda es de 113 millones de pesetas. El denunciante pide que se compruebe su veracidad. En concepto de anticipos de organismos autónomos (Seguridad Social y C. Agraria) y por el convenio de recaudación figuran más de 363 millones, que en opinión de los socialistas también son falsas. Otros 255 millones, supuestamente falsos, son anticipos a ayuntamientos.

Finalmente, como recursos generados por obras y servicios realizados figuran durante los años 1993 y 1994 más de 336 millones de pesetas pendientes de cobro. "Es falso hasta el punto de que este concepto de ingresos no se contempla en los años 1995, 1996 y 1997", dice la denuncia que originó la investigación del ministerio fiscal.

La investigación inicial de María Ángeles García ha durado varios meses y durante la misma las únicas personas que fueron llamadas a declarar fueron Tomey y el interventor.