Vacaciones, publicidad y 100 millones
La Federación Profesional del Taxi, que agrupa a 4.500 de las 15.000 licencias que existen en la capital, desconvocó ayer la manifestación prevista para hoy. A cambio, la federación pidió una reunión urgente, para esta misma semana, con los responsables municipales. El concejal de Circulación, José Ignacio Echeverría, del PP, recogió el guante: "Me reuniré con ellos cuando quieran", aseguró. Los representantes de la federación afirmaron que desconvocar la marcha no tenía nada que ver con el hecho de que el juez les haya prohibido manifestarse con más de 50 coches, "Nos hemos enterado de la sentencia después de anular la protesta", explicó Juan Sánchez, presidente de la Federación Profesional del Taxi."Eso es muy curioso y no me lo creo", dijo Echeverría, "pero lo importante es que lleguemos a un acuerdo y que se convenzan los taxistas de que el Ayuntamiento no negocia bajo presión".
Los taxistas rebeldes pedirán, en esa reunión, lo que ha venido siendo el caballo de batalla de toda esta guerra: que sea el Ayuntamiento el que pague los 100 millones de pesetas que, según Sánchez, les cuesta a los conductores profesionales gestionar el aparcamiento del aeropuerto de Barajas durante todo un año; que en el próximo pleno, que se celebrará a finales de febrero, se apruebe una subida de tarifas del 11%, y que les dejen llevar publicidad exterior en los vehículos. Una novedad: los taxistas solicitarán también que el Ayuntamiento establezca un calendario para regular vacaciones de 15 días en agosto.
Nuevas tarifas en mayo
Echeverría repitió ayer lo que ya dijo el viernes: "En cuanto a la tasa de 25 pesetas que se les exige por utilizar el aparcamiento del aeropuerto, hay que tener en cuenta que cuando se aprueben las nuevas tarifas podrán cobrar 50 pesetas más por una carrera a Barajas. Esto absorbe las 25 pesetas. Las nuevas tarifas se pondrán en vigor en mayo, después de que lo apruebe el pleno de marzo, y para que la publicidad pueda empezar a exhibirse, esperamos que nos presenten una empresa solvente que se haga cargo de gestionar el asunto".Sánchez aseguró ayer que la resolución judicial que acota el número de taxis en la manifestación "cercena completamente un derecho constitucional, pero, además, tiene un trasfondo político", señaló. "Con esta decisión parece demostrado que las altas instituciones de esta ciudad pretenden limitar las protestas en las que se denuncia que España, a pesar de lo que se dice, no va bien", añadió el líder de los taxistas rebeldes.
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