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El Tribunal Superior desautoriza las manifestaciones masivas de taxis

La Federación Profesional desconvoca la concentración de hoy

La Delegación del Gobierno en Madrid ganó ayer en sede judicial la batalla del taxi. El Tribunal Superior de Justicia, en una sentencia que se enfrenta por primera vez al colapso que generan las protestas con vehículos, ha dado la razón al organismo gubernamental y ha desautorizado las manifestaciones masivas de coches que la Federación Profesional del Taxi había convocado para hoy y el próximo 25 de enero. La sentencia desestima así el recurso presentado por los conductores rebeldes contra las resoluciones de la Delegación del Gobierno que limitaban a 50 el número de taxis que participasen en las citadas protestas (los taxistas, tras conocer esta decisión, desconvocaron la movilización de hoy).

Pero los magistrados, en su escrito, dan un paso más, y entre alabanzas a la Delegación del Gobierno, cuya decisión califican de "sumamente prudente" y también de "condescendiente", lanzan un severo varapalo a los taxistas amotinados al recordar que los incidentes que han protagonizado y que sumieron en el caos a la capital derivaron en hechos "sumamente graves". "Por muy importantes que sean los intereses de los manifestantes (que pueden ser defendidos sin vehículos), la seguridad ciudadana para muchísimos miles de ciudadanos es más importante", afirman.

La restricción del uso de vehículos fue adoptada después de los incidentes del 9 de enero. Ese día, la Federación Profesional del Taxi (que representa a 4.000 de los 15.000 conductores madrileños) convocó su tercera manifestación en un mes. Acudieron 5.000 vehículos que, entre continuos enfrentamientos con la policía y con los conductores que continuaban en servicio, colapsaron cinco horas el centro y otras dos Barajas. El objetivo era forzar al Ayuntamiento a aceptar sus exigencias laborales: aumento de tarifas, erradicación del intrusismo con la tarjeta profesional y autorización para lucir publicidad en los coches.

Los jueces critican a los taxistas por su "exceso" y "radicalización" en las protestas

En este contexto, los magistrados tampoco se olvidan de la "radicalización" que ha sufrido la actitud de los manifestantes a lo largo de las tres últimas protestas, que condujo a "incidentes cada vez mayores, con el dato curioso de que en la última protesta éstos fueron incitados mediante megafonía por organizadores o personas afines". Este hecho, a juicio de los magistrados, hubiese bastado al delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, para "prohibir totalmente" las dos manifestaciones. "Sin embargo, ha sido extremadamente condescendiente al no denegarlas, aunque ahora ponga determinados límites intentando que no se produzcan daños a personas o a bienes", señalan.La sentencia ahonda en esta reflexión al considerar que la limitación de coches no sólo permite garantizar el orden público, sino que además "no cabía otra medida más moderada para conseguirlo", ya que de haber permitido más taxis se hubieran producido colapsos e incidentes. La restricción, desde esta perspectiva, produce "más beneficios para el interés general que perjuicios sobre los valores en conflicto".

La sentencia concluye sus razonamientos con un varapalo a la estrategia de los taxistas. Recuerdan los jueces que la protesta que había sido convocada para hoy iba a ser la tercera en 24 días, lo que "supone, a juicio de la sala, un ejercicio excesivo del legítimo derecho de manifestación en detrimento de los también legítimos derechos de los vecinos y transeúntes". El motivo de este exceso reside en que en las dos anteriores manifestaciones los taxistas ya habían servido de "caja de resonancia de sus reivindicaciones".

"No puede utilizarse indefinidamente la vía pública [para manifestaciones], máxime cuando se trata de zonas céntricas y de alta densidad de tráfico, lo que repercute en otras zonas limítrofes, y en el consiguiente riesgo para una evacuación rápida en caso de necesidad", añaden los magistrados, para concluir que, a la vista de los incidentes anteriores, la orden gubernamental no lesiona ningún derecho constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de febrero de 1998

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