El Tribunal Superior desautoriza las manifestaciones masivas de taxis

En este contexto, los magistrados tampoco se olvidan de la "radicalización" que ha sufrido la actitud de los manifestantes a lo largo de las tres últimas protestas, que condujo a "incidentes cada vez mayores, con el dato curioso de que en la última protesta éstos fueron incitados mediante megafonía por organizadores o personas afines". Este hecho, a juicio de los magistrados, hubiese bastado al delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, para "prohibir totalmente" las dos manifestaciones. "Sin embargo, ha sido extremadamente condescendiente al no denegarlas, aunque ahora ponga determinados límites intentando que no se produzcan daños a personas o a bienes", señalan.La sentencia ahonda en esta reflexión al considerar que la limitación de coches no sólo permite garantizar el orden público, sino que además "no cabía otra medida más moderada para conseguirlo", ya que de haber permitido más taxis se hubieran producido colapsos e incidentes. La restricción, desde esta perspectiva, produce "más beneficios para el interés general que perjuicios sobre los valores en conflicto".

La sentencia concluye sus razonamientos con un varapalo a la estrategia de los taxistas. Recuerdan los jueces que la protesta que había sido convocada para hoy iba a ser la tercera en 24 días, lo que "supone, a juicio de la sala, un ejercicio excesivo del legítimo derecho de manifestación en detrimento de los también legítimos derechos de los vecinos y transeúntes". El motivo de este exceso reside en que en las dos anteriores manifestaciones los taxistas ya habían servido de "caja de resonancia de sus reivindicaciones".

"No puede utilizarse indefinidamente la vía pública [para manifestaciones], máxime cuando se trata de zonas céntricas y de alta densidad de tráfico, lo que repercute en otras zonas limítrofes, y en el consiguiente riesgo para una evacuación rápida en caso de necesidad", añaden los magistrados, para concluir que, a la vista de los incidentes anteriores, la orden gubernamental no lesiona ningún derecho constitucional.