El PSOE acepta bajar el IRPF solo si favorece a los trabajadores y se garantiza el gasto social

El PSOE ha matizado su inicial rechazo a la rebaja del impuesto sobre la renta que proyecta el Gobierno. El principal partido de la oposición acepta que se baje el IRPF, pero sólo si se hace en favor de los trabajadores, si no se pone en riesgo el gasto social, se endurece el tratamiento de las rentas del capital y se mantiene la progresividad de la tarifa. Los socialistas entienden que las propuestas del Gobierno hasta ahora conocidas van exactamente en sentido contrario. En concreto, señalan que el nuevo "mínimo vital" perjudicará a las rentas de hasta 3,5 millones.

También desde el Gobierno se ha dado un paso hacia el diálogo, aunque el tiempo dirá si es mera cortesía parlamentaria. El portavoz del PSOE en el Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, explicó ayer que había recibido una llamada del vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, para celebrar una reunión el próximo martes y explicarle la reforma fiscal que proyecta el Gobierno.Los socialistas han pasado del bombardeo contra cualquier declaración oficial -"globos sonda" y "campañas de imagen", según Eguiagaray- a presentar ayer unas bases para la reforma que se concretarán cuando se conozca la propuesta del Gobierno. De hecho, el programa electoral socialista recoge que el tipo marginal máximo del impuesto debe bajar desde el 56% actual hasta el 50%, aunque bajo determinadas condiciones.

Eguiagaray no definió la tarifa que el PSOE va a defender ahora, pero sí admitió que el IRPF debe reformarse y bajar. El portavoz socialista pasó la pelota al Gobierno y dijo que su credibilidad frente al electorado está en juego si no cumple su promesa de bajar el IRPF hasta el 40%. El vicepresidente Rato ya dijo que no lo garantizaba y todo apunta a que como mucho se llegará al 48%.

Lo que no admiten los socialistas es que se rebaje el impuesto si al tiempo no se garantiza el gasto social y la inversión pública o se pone en peligro la reducción del déficit. Bajar el IRPF sin arreglar "desperfectos" como el del tratamiento fiscal de las plusvalías o tapar "agujeros" como el de la creación de sociedades para eludir el pago del IRPF es incompatible, a juicio del PSOE, con el anuncio de que el déficit se reducirá al 1% del PIB en el 2001.

La condición esencial para los socialistas es que la rebaja beneficie a las rentas salariales, que en la actualidad soportan el 80% del impuesto. Las rentas del capital deben tener, a su juicio, el mismo trato que las del trabajo y no tributar "sólo" al 20%. La tarifa ha de ser progresiva (debe pagar proporcionalmente más quien más gana) y esto es contrario a la reducción de tramos que proyecta el Gobierno.

Los socialistas se pronuncian en favor de que sólo se prime fiscalmente el ahorro en vivienda y en planes de pensiones, que se puedan dividir por dos las rentas de la unidad familiar cuando sólo trabaje un cónyuge (splitting) y que el tipo del impuesto de sociedades (35%) se acerque al nuevo de renta para evitar la creación de empresas como forma de eludir el impuesto.

El "mínimo vital" que se propone aplicar el Gobierno (reducción en la base del impuesto para que no tributen los gastos necesarios para subsistir) y la eliminación de deducciones en la cuota es, a juicio de Eguiagaray, " profundamente regresivo". Según explicó, esto favorece a las rentas altas ya que con ello logran disminuir su tipo impositivo en mayor proporción que las bajas. En concreto, se perjudicará a rentas hasta 3,5 millones en la de claración individual y hasta 4,5 millones en la conjunta.

La propuesta de los socialistas es, al contrario, que se aumente el actual tramo a tipo cero, es decir, las primeras pesetas que no tributan en el impuesto (en la actualidad, 901.000). Esta medida no afectaría a la progresividad del impuesto y permitiría que "millones de contribuyentes de rentas bajas" quedasen fuera de la obligación de declarar.

El responsable de Economía de Izquierda Unida, Juan Francisco Martín Seco, coincidió en que la reforma que proyecta el Gobierno "favorecerá" a los más poderosos". IU es, sin embargo, contraria a que se rebaje el impuesto porque con ese medio billón que costará la reforma se podrían subir las pensiones y las prestaciones por desempleo".

Subida de otros impuestos

Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya-Els Verds consieran que "una disminución de los ingresos públicos por el impuesto sobre la renta conduce necesariamente a aumentar otros impuestos o recortar el gasto social", según explicó ayer el diputado Joan Saura.En su opinión, se puede bajar el tipo máximo si al tiempo se garantizan y mejoran las prestaciones sociales y se distribuye de forma más equitativa y progresiva la carga fiscal. La mayor recaudación, añadió, debe venir de la lucha contra el fraude, de restablecer un trato igual para las rentas del trabajo y del capital y de una subida del impuesto de sociedades.

El Círculo de Empresarios apuesta porque el tipo marginal máximo del IRPF se rebaje al 40%, porque "así se contribuiría a reducir el fraude y a elevar la participación de las rentas más altas en el total de ingresos fiscales", según explicó José María López de Letona. El Circulo estima el coste de la reforma en medio billón de pesetas.