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La futura ley regional de transportes permite limitar la cifra de taxis

La batalla del taxi dejó ayer la calle para entrar en los despachos. El grupo parlamentario socialista elevó el tono de la polémica al culpar al presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, del conflicto en el sector. Para el PSOE, la Comunidad, pese a tener competencias en este ámbito, no ha intervenido con la suficiente celeridad, como prueba el que aún no se haya aprobado el proyecto de Ley de Ordenación de Transportes Urbanos. Esta norma permite a la Comunidad limitar la cifra de licencias de taxis (su exceso ha sido precisamente uno de los detonantes del conflicto)

La Comunidad había permanecido hasta ayer incólume en la batalla del taxi. Pero el PSOE apuntó directamente a su cabeza. El parlamentario socialista Fernando Abad rebuscó en los archivos, y como primera pieza de artillería sacó una intervención de Ruiz-Gallardón en la Asamblea el 8 de mayo de 1997. Ese día, el presidente regional recordó que la Cámara autónoma posee el "título legislativo exclusivo" en el sector de los taxis, e hizo público su "compromiso" de presentar antes de diciembre de 1997 el proyecto de ley.Pasados dos meses desde el plazo fijado para el cumplimiento de la promesa presidencial, el proyecto de ley aún no ha sido presentado. Este hecho sustentó la crítica socialista. "La Comunidad, pese a tener competencias para dar respuesta a los problemas de los taxistas, no ejerce su poder, con lo que el conflicto se agrava", señaló un portavoz socialista.

La futura ley, que en diciembre fue enviada al Consejo Económico y Social para que tramitase el preceptivo informe consultivo, establece que la "utilización, modificación v extinción de las licencias municipales de transporte urbano en vehículos de turismo, así como la prestación del servicio, se ajustarán a las reglas establecidas por la Comunidad". Y añade: "En especial se podrán establecer reglas que predeterminen el número máximo de licencias de autotaxi en cada uno de los distintos municipios cuando así se considere necesario para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema general de transporte".

Junto al frente legislativo abierto por el PSOE, la batalla del taxi prosiguió ayer en el terreno jurídico. La Federación Profesional del Taxi, convocante de las manifestaciones que han colapsado Madrid, restó validez a la orden de la Delegación del Gobierno que limita a 50 el número de vehículos que puedan participar en las protestas previstas los días 17 y 25 de este mes. Para Javier Tebas, asesor legal de los taxistas amotinados, no es posible modificar una manifestación una vez que ha sido autorizada. Asimismo, recordó que el Tribunal Superior de Justicia no podrá resolver el litigio antes del día 17.

Esta interpretación jurídica fue refutada por la Delegación del Gobierno.Este organismo, según fuentes cercanas, mantiene que en caso de que el tribunal no tuviese tiempo de pronunciarse la resolución sería de obligado cumplimiento. Estas fuentes añadieron que a partir de la presentación del recurso se abre un plazo improrrogable de cinco días, al cabo de los que "habrán de ser convocadas las partes a una audiencia, y la sala deberá resolver".

Fuera de este tira y afloja jurídico, los taxistas siguieron ayer su particular conflicto interno por el uso del aparcamiento del aeropuerto de Barajas. Un problema para el que también se agota el plazo. Si los taxistas no son capaces de ponerse hoy de acuerdo perderán la oportunidad de decidir cómo gestionar este nuevo aparcamiento. Ése es el ultimátum que les dio Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) hace una semana. Pero nuevamente las negociaciones que ayer mantuvieron las tres asociaciones de taxis de la capital acabaron sin éxito. Hoy, a contrarreloj, volverán a reunirse con AENA para encontrar una salida a su laberinto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de febrero de 1998

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