Los nacionalistas y el PP se unen para que el Congreso no solicite el cese del fiscal del Estado

El Congreso no pedirá al Gobierno el cese del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ni la remoción del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Los 173 votos de PP, CiU, PNV y Coalición Canaria vencieron a los 158 que sumaron socialistas, Izquierda Unida y el Grupo Mixto. Además el Congreso se sumó en masa a una propuesta de CiU por la que se condena tajantemente los crímenes de la dictadura chilena y argentina y se pide la creación de un tribunal internacional permanente contra los crímenes contra la humanidad.

Juan Alberto Belloch, portavoz socialista, encadenó un decálogo de razones por las que se debía pedir el cese de Cardenal. Arrancaban de sus manifestaciones contra la pluralidad cuando era fiscal jefe de la Audiencia de Bilbao y pasaban, según Belloch, por la actitud que adoptó en la querella contra Sogecable manteniendo, contra toda razón, las posiciones de Fungairiño en apoyo de las decisiones del juez Javier Gómez de Liaño, que la sala de la Audiencia Nacional fue rechazando una tras otra. También esgrimió Belloch como razón para su cese el apoyo que Cardenal prestó a las actuaciones de Fungairiño en el caso, dijo, de un "vídeo pornográfico presuntamente atribuido a un amigo personal del presidente del Gobierno", en clara alusión al escándalo del vídeo del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. Belloch fustigó que el fiscal hubiese podido apoyar la idea inicial de Gómez de Liaño de tratar de equiparar el caso GAL y "el presunto vídeo sexual de un amigo del señor Aznar". El portavoz socialista concluyó su decálogo acusatorio y lo resumió en dos pecados que inhabilitan a Cardenal para su cargo: no ha actuado de acuerdo con los principios de legalidad e imparcialidad y ha roto el vínculo de lealtad constitucional.Los socios del Gobierno acudieron en su auxilio. Ignasi Guardans fustigó las expresiones de apoyo que se desprendían del escrito de Fungairiño pero aceptó la rectificación que hizo Cardenal en el Congreso y defendió una proposición no de ley que condena el genocidio, las dictaduras chilena y argentina y pide el establecimiento de un tribunal internacional. Esa proposición logró la práctica unanimidad de la cámara: 329 a favor y una abstención.

Luis Mardones, en nombre de Coalición Canaria, mantuvo idéntica postura y llamó a la reflexión respecto al tratamiento que debe darse al fiscal "después de lo que ha recibido".

Pablo Castellano, portavoz de IU, aseguró que la situación del fiscal general del Estado "es insostenible" y consideró insólito que, a estas alturas, el Congreso tenga que hacer solemne profesión de fe democrática.

Andrés Ollero, del PP, acusó al PSOE de un "empecinamiento cómico" que, según él, lleva a un intento de "prohibir rectificar" a Cardenal, tal y como lo hizo ante la comisión de Justicia e Interior la pasada semana.

Al final del embate parlamentario, la actuación de Cardenal ha sido duramente vapuleada por todos los grupos políticos, a excepción del PP, que también le ha puesto reparos. Sólo se ha salvado de una reprobación formal por parte de la Cámara. Incluso el presidente del Gobierno, José María Aznar, acudió ayer tarde a la votación para asegurar que se evitaba esa reprobación.