Una adjudicación polémica

Con una semana de retraso he leído la información firmada por Vicente G. Olaya en la página 5 de la sección de Madrid del 31 de enero pasado referente a la adjudicación de los servicios de recaudación ejecutiva del municipio de Galapagar, en la que parece que el periodista firmante o su informante han tenido acceso al expediente de adjudicación del citado servicio, ya que mencionan, con cierto detalle, la existencia de un informe del señor tesorero proponiendo la adjudicación a una empresa, cuyo nombre no cito por no aparecer citado en la noticia de referencia, a la que otorgaba la cantidad de 30 puntos, frente a la que resultó ser adjudicataria, que sólo puntuaba con 24 puntos.Efectivamente, ese informe consta en el expediente, y, por ello, no entiendo que no haga igualmente referencia a los restantes informes preceptivos que se incluyen en el mismo, y en particular al del señor interventor, en el cual emite informe de inadmisibilidad a dos proposiciones, entre las que se encuentra la puntuada por el señor tesorero con 30 puntos, por considerarlas "no ajustadas ni a la Ley 13/95 CAP ni a los pliegos de condiciones administrativas", indicando además expresamente en el apartado C, Fiscalización, del citado informe, que, "de no declararse la inadmisibilidad de ambas proposiciones, ha de entenderse el presente informe de intervención de reparo al amparo de lo establecido en los artículos 11. 21. 13/95 CAP", añadiendo en el párrafo siguiente: "Que formulado el presente reparo por escrito antes de la adopción del acuerdo de amparo del artículo 196 IRIII, el mismo tiene carácter suspensivo del expediente, de conformidad con el artículo 197.2. c/m, por haberse omitido en el expediente requisitos o trámites esenciales".

En su informe, el señor interventor realiza una valoración justificada y pormenorizada de los méritos de los restantes concursantes, y concluye proponiendo la adjudicación a la empresa PAECO, SL, por 31 puntos, frente a los 23 de la que le seguía en puntuación.

A la vista de este informe de intervención, teniendo además en cuenta que la empresa con mayor puntuación, en cuanto a méritos, era la que mejores condiciones económicas ofrecía, como concejal de Hacienda, propuse a la Comisión de Gobierno que fuera designada como adjudicataria, lo cual fue acordado por unanimidad.

Aunque me lo pueda imaginar, ignoro cuál ha sido la fuente de información de EL PAÍS, pero tanto esa como el Grupo Socialista de Galapagar, que, según indican, va a pedir una comisión de investigación, lo único que tienen que hacer es leerse el expediente de adjudicación completo.

Por otra parte, la insinuación que realizan acerca del hecho de que la empresa adjudicataria colabore con cinco municipios gobernados por el Partido Popular y en uno gobernado por el PSOE, es un dato que desconocía, pero que, para mí, únicamente tiene el significado de que hay cinco ayuntamientos del PP y uno del PSOE que han considerado, en el momento de la contratación, que esta empresa era la que mejor respondía a las necesidades de su municipio, lo cual no tiene nada de particular, sobre todo si tenemos en cuenta que en la imagen dejada por el PSOE no destaca precisamente la eficacia, y mucho menos la eficiencia, y algo hay de apoyo a organizaciones y empresas afines.- Concejal de Hacienda y Presupuestos.