El Gobierno retrasa los planes sobre el agua hasta lograr un consenso con los usuarios

El Gobierno se va a tomar con calma la aprobación de los planes de cuenca, las normas que regularán el reparto de agua de los ríos entre los distintos consumidores. El compromiso de hacerlo antes de vencer 1997 no se ha cumplido, pero tampoco figura en el calendario de prioridades del Ministerio de Medio Ambiente, según el secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco. Las reservas del Ministerio de Agricultura -principalmente-, de los regantes y de los grupos conservacionistas han forzado el retraso de la agenda prometida por este departamento.

"Prefiero sacrificar los plazos si con ello logro el consenso de todos los agentes sociales posibles; sin el consenso cualquier ley por muy buena que sea resulta de difícil aplicación", ha afirmado Blanco en la presentación esta semana del informe El agua como elemento integrador de España, impulsado por el Instituto por la Modernización de España, una fundación de los laboratorios Glaxo-WeIlcome. Mientras este documento apuesta por consensuar una estrategia nacional para que el agua deje de ser un factor estrangulador de la economía -una persona en el sur dispone de una cantidad cuatro veces inferior a si viviera en el norte-, Blanco no es partidario de esa estrategia nacional ni de la planificación. El contexto geográfico español requiere, en su opinión, soluciones locales porque los problemas son diferentes en cada región o comarca.Aparcados los planes de cuenca y el propio plan hidrológico nacional -que sí ha prometido presentar este año-, la apuesta inmediata de Blanco para este mismo mes son varios cambios normativos "novedosos", sobre la calidad de las aguas, los vertidos industriales contaminantes a los cauces fluviales, los caudales ecológicos y la reforestación de las riberas de los ríos. "1998 será el año de la calidad de las aguas", dijo categórico.

Campañas

Por su parte, el presidente del instituto promotor del informe, Carlos Galdón, e Iván Martén, de Boston Consulting, entidad que ha colaborado en su realización, insisten en que para sacar al agua del debate político hace falta un gran esfuerzo de comunicación ante la opinión pública.En el informe que presentaron, junto a Carlos Hernández Gil y Luis Sánchez Merlo, se dice que la gran desinformación que impera sobre el agua facilita la manipulación. Lo único que se ha hecho en este campo han sido campañas de ahorro en ámbitos de consumo marginales, como las ciudades. En el futuro deberían divulgar los costes reales del agua servida, así como los beneficios socio-económicos de sus usos antes de tomar decisiones, para que todos se sientan involucrados en ellas.

El documento recuerda que el problema del agua en España -o escasea o causa estragos cuando abunda en exceso- es un tema pendiente de resolver desde hace un siglo, un plazo suficiente para que se fije una estrategia consensuada sobre su planificación y gestión, de modo que no vuelvan a repetirse las restricciones, no se reproduzcan los conflictos sociales en épocas de sequía y no sea un factor limitativo de las economías más pujantes del país.

Sugiere el informe un acercamiento de los precios a los costes reales, aunque se diferencien en función de los distintos usos. A largo plazo tendrán que coordinarse los del campo con los urbanos, los turísticos y el ocio, entre los que incluye la repuperación de los caudales ecológicos. El informe augura que estas nuevas demandas crecerán tres veces más que las de los regadíos.

Sobre los trasvases -motivo de históricas batallas interregionales- reconoce el informe que sin ellos será difícil evitar la degradación de territorios deficitarios con un gran potencial de desarrollo. "No tienen por qué comprometer a las regiones excedentarias. Con un sistema de compensaciones económicas se podría lograr un desarrollo económico equilibrado que sirva de eje vértebrador de España".

Pero no confía en que puedan ejecutarse con los presupuestos del Estado, por eso concede a la iniciativa privada muchas posibilidades de negocio en este campo. Considera que sería un excelente trampolín para la exportación de tecnología propia, como hacen ya California, Australia e Israel.