La fiscalía acusa al presidente de la Diputación de Guadalajara de falsificar el presupuesto

La fiscalía investiga la presunta ocultación de un déficit de más de 3.500 millones de pesetas en la Diputación de Guadalajara, gobernada por el PP. María Ángeles García García, fiscal jefe de esa provincia, ha elevado diligencias de investigación criminal al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ante la existencia de un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial del que "verosímilmente" son autores Francisco Tomey Gómez, presidente de la Diputación y senador del PP, y el interventor José Villalgordo Rodríguez. Se les acusa de ser responsables de la incorporación "ficticia" de 3.574.792.152 pesetas en las liquidaciones de los presupuestos de ese organismo. Cardenal deberá decidir si la investigación la sigue la fiscalía de Guadalajara o se envía al Tribunal Supremo, dado que Tomey es aforado.

Las diligencias de la fiscal son consecuencia de una denuncia presentada el 13 de junio de 1997 por Jesús Alique López, diputado y portavoz del grupo socialista en la oposición de esa Diputación, quien asegura que esa cantidad podría haber sido incorporada ficticiamente a los presupuestos de los años 1991 a 1996 como pendientes de cobro cuando no existía cantidad alguna por ese concepto. Tomey es presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha y vicepresidente de la Federación de Municipios y Provincias de España.

"Se ha ocultado mediante apuntes contables mendaces un déficit de más de 3.000 millones de pesetas y se han concertado operaciones de Tesorería por importe de más de 7.000 millones sin contar los correspondientes intereses" señala el escrito de María Ángeles García, firmado el pasado día 28 de enero.

En su relato de los hechos, la fiscal 'señala que tras la presentación de la denuncia acordó la apertura de una investigación para comprobar si efectivamente dichas cantidades son ficticias o si existe un soporte documental de las mismas. Añade que también investigó si aun no existiendo ese soporte documental "se trata de meros errores contables, irrelevantes penalmente, siendo la denuncia una mera operación de desgaste y descrédito del adversario político".

Diligencias

Durante su investigación, la fiscal practicó diversas diligencias, entre ellas la comparecencia de los dos citados y la relación nominal de los supuestos deudores, "sin que se aportara justificación cumplida". En calidad de imputado declaró el interventor, José Villalgordo. Asimismo, Ángeles García pidió que se aportaran las actas de las sesiones ordinarias del pleno.

Tras el relato de esas diligencias la fiscal jefe añade, de manera rotunda, que "se ha comprobado la veracidad de la denuncia en cuanto a que efectivamente se han incorporado a la liquidación de los Presupuestos como pendientes de cobro créditos inexistentes o ficticios".

En este sentido, señala que las liquidaciones de los Presupuestos Generales acompañados a la denuncia mediante fotocopia son concordes con las liquidaciones de los Presupuestos Generales que están en la Intervención, puesto que se ha pedido fotocopia compulsada a la Diputación Provincial y ambos documentos coinciden. La fiscal de Guadalajara apunta en su escrito que con posterioridad a la denuncia del diputado Alique "se anulan derechos de varios conceptos presupuestarios de ejercicios cerrados". Y que en el informe del interventor, evacuado el 4 de septiembre de 1997, "se afirma reconocer un saldo de dudoso o imposible cobro de 3.574.792.152 pesetas, algunos de cuyos conceptos coinciden con los reputados falsos en la denuncia".

En el citado informe aparece como de dudoso o imposible cobro la participación de la Diputación de Guadalajara en los Tributos del Estado, algo más de 1.000 millones de pesetas, "cuando consta documentalmente en las actuaciones la afirmación del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes que la Diputación de Guadalajara ha percibido lato talidad de la asignación que le ha correspondido sin que exista cantidad alguna pendiente de pago por tal concepto ni reclamación de cuenta por parte de la misma".

María ángeles García seña la en sus diligencias que "es indudable que es de imposible cobro lo que no se debe, y que nada se debe ni se debió queda meridianamente claro en el informe del interventor, evacuado el 10 de diciembre de 1997, en el que se dice que la justificación y motivos de la anulación de derechos de varios conceptos presupuestarios de ejercicios cerrados obedece a derechos contraídos de más por error".

Las liquidaciones de los presupuestos son aprobadas por el presidente de la Diputación previo informe de la Intervención, según lo dispuesto por la ley reguladora de las Haciendas Locales.

Todas las liquidaciones que aparecen en la denuncia aparecen firmadas por Francisco Tomey con informe del interventor José Villalgordo, quien debe dar cuenta al pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente.

En la diputación desde 1983

Este periódico no consiguió ayer ponerse en contacto con Tomey y Villalgordo para que dieran su versión de los hechos.

Tomey, veterano dirigente del PP en Guadalajara, fue senador en la tercera legislatura, en 1986, y diputado en la cuarta, en 1989. En 1993, repitió también como senador, lo mismo que en 1996. Recientemente ha sido nombrado vicepresidente de la comisión de presupuestos del Senado. Ha sido también consejero delegado y director general de empresas del sector de servicios. Según la biografía del listín de diputados de 1990, Tomey es licenciado en gestión comercial y marketing y periodista.

Como presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara ha ejercido su mandato desde 1983.