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Carta abierta a los erradicadores europeos

y LAHUARI ADDIEn esta última década del siglo, Argelia está herida por un conflicto de una violencia insólita. Los crímenes contra la humanidad perpetrados en su suelo han arruinado el prestigio acumulado durante la secular resistencia contra la colonización. Este país, antaño respetado por su tenaz voluntad de independencia y por la sed de libertad de sus habitantes, es hoy señalado con el dedo por organizaciones internacionales por violación masiva de los derechos humanos.

Desde hace unas semanas, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann y Jack Lang, entre otros, han denunciado, con razón, los odiosos crímenes contra mujeres, niños, ancianos... Esta toma de postura no es rara en el ámbito mediático francés, ya que en este país -al menos, desde Zola, de cuyo Yo acuso se acaba de celebrar el centenario- es tradición que el intelectual se comprometa con cuestiones sociales y políticas, nacionales o internacionales. Jean-Paul Sartre en los años sesenta y setenta y Pierre Bourdieu en los noventa prestaron en numerosas ocasiones su voz a aquellos cuya palabra estaba ahogada por las poderosas máquinas burocráticas del Estado al servicio de intereses financieros e ideológicos dominantes. Que Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann... se impliquen en el conflicto argelino es deseable; el único problema es que se han alineado con la postura de los erradicadores argelinos, lo que no contribuirá al fin del conflicto.

Recordemos que los erradicadores son una corriente muy minoritaria en Argelia, pese a que tienen un eco en los medios de comunicación inversamente proporcional a su arraigo en la población. Apoyan de forma incondicional a la fracción más dura y más intransigente del Ejército y son maestros en la manipulación del lenguaje de la democracia para aparecer como gente respetable en las redacciones parisienses de numerosos semanarios que les sirven de caja de resonancia. Partiendo de una apreciación falsa de la situación política e ideológica del país, optan por la solución militar del conflicto sean cuales sean sus consecuencias. La pregunta que siempre se es plantea y a la que no responden es la siguiente: para solucionar el problema, ¿se debe llegar a erradicar al electorado islamista, es decir, promover lo que en Argelia se llama el genocidio electoral o también la purificación electoral? La estrategia de diabolizar al adversario nos lleva derechos a ello, además de justificar las peores violaciones de los derechos humanos y otras injusticias. Frente a la extensión de los maquis islamistas, la fracción radical del régimen preconiza la distribución masiva de armas e intenta alzar a una parte de la población contra la otra con informacion manipulada y propagan-, da belicista. Los erradicadores han encontrado relevos en Francia, en personalidades mal informadas de la situación argelina, para colar su punto de vista en la opinión pública francesa.

Así, Bernard-Henri Lévy y André Glucksmann dicen que plantear la pregunta "¿quién mata a quién?" es innoble porque haría el juego a los criminales. Puestos a ello, ¿por qué no proponer que se suprima la instrucción del sumario y la función de abogado en el sistema judicial francés y que se inculpe y condene con un simple informe de la policía? A menos que, allí abajo, el sistema judicial deba ser distinto al de los países europeos. ¡Justicia a este lado del Mediterráneo, policía al otro lado! Esto nos recuerda al Código del Indígena en la época de la colonización, que daba poder al administrador de los distritos mixtos para detener, condenar y aplicar la pena. Negarse a identificar con seguridad a los criminales y avalar las acusaciones de la policía en un país donde no hay separación de poderes, donde la información está bajo control y donde las libertades públicas son mínimas es alentar las más graves desviaciones. Pero puede darse la vuelta al argumento de Bernard-Henri Lévy y de André Glucksmann y afirmar que rechazar a priori la idea de una comisión investigadora nacional o internacional es innoble porque hace objetivamente el juego a unos criminales que se aprovechan del anonimato para seguir degollando niños. El rechazo categórico del Gobierno argelino a la reivindicación de una comisión investigadora internacional es inquietante. ¿Qué teme? La soberanía de los Estados, se dice. Pero un Estado es tanto más soberano cuando más se le respeta en el interior y en el exterior de sus fronteras. ¿Cómo respetar un Estado cuya población indefensa es masacrada a gran escala? ¿Cómo respetar un Estado en el que secometen impunemente crímenes como los de la cárcel de Serkadji?Incompetencia del Ejército, afirma Bernard-Henri Lévy; pasividad de las autoridades, añadeAndré Glucksmann. Ninguno de los dos casos aboga por el respeto. Hace unos días, unos diputados de la oposición exigieron un debate en la Asamblea Nacional sobre la política de seguridad. El presidente de dicha Asamblea les respondió, sin reírse, que la seguridad de la población no entra dentro de las competencias del Parlamento. En un país en el que al día mueren al menos 50 personas por la violencia política hay que admitir que la respuesta no carece de gracia. ¡Uno creería estar leyendo una novela de Alfred Jarry! La negativa a una comisión investigadora internacional, la negativa a autorizar a los diputados a debatir las condiciones de seguridad de la población, ponen en evidencia que el Gobierno oculta algo que no quiere que sepa la opinión pública. En una situación en la que el poder Judicial y el Legislativo están subordinados al Ejecutivo, en la que los periodistas no tienen posibilidad de desarrollar su trabajo de investigación sobre el terreno, la información procedente de los canales oficiales debe ser puesta forzosamente en tela de juicio y ha de ser confirmada por otras fuentes independientes. En estas condiciones, y debido a la gravedad de los crímenes cometidos, se impone una investigación internacional para -confirmar o desmentir la versión oficial de los hechos, ya que el Gobierno argelino no puede estar por encima de la moral internacional.

Es un deber moral del intelectual implicarse en un conflicto, sea cual sea, pero sólo tiene derecho a implicarse si defiende la justicia y la paz. Si está del lado de los verdugos -por ingenuidad- , si aviva el fuego desde su apartamento parisiense, traiciona el ideal que pretende defender. Para hacerse una idea antes de tomar posición, el intelectual debe informarse y desmarcarse del discurso uniforme.

Y ¿qué pasa en Argelia? La situación es a todas luces incontrolable sobre el terreno, y las fuerzas de seguridad legítimas se ven desbordadas, sustituidas por milicias cuyas motivaciones no siempre son políticas. La privatización a ultranza de la guerra ha hecho que el Ejército pierda el monopolio de las armas y ha erosionado la capacidad del Estado para hacer justicia. Por otro lado, la militarización de la información enturbia el conflicto y permite a cualquiera matar a cualquiera y por cualquier motivo. El conflicto se autoalimenta con la opacidad impuesta por los duros del régimen; sin embargo, tendría todas las probabilidades de cesar si la prensa tuviera libertad para informar y si la justicia tuviera libertad para inculpar. Todo esto no significa, sin embargo, que no exista un terrorismo islamista. Los maquis son activos y emprenden operaciones tanto en las ciudades como en el campo. Pero esta situación corre el riesgo de perdurar si no se estudia una solución política. Mientras tanto, el terrorismo debe combatirse mediante las prácticas de un Estado de derecho, con la transparencia que impedirá que el crimen se perpetúe en el anonimato.

Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, Jack Lang y los demás saben que el régimen argelino no es un modelo de democracia, pero han decidido elegir el mal menor y optar por la política del fin que justifica los medios. A partir de ahí se plantean una serie de preguntas cruciales: ¿Justifica la lucha antiterrorista la violación de los derechos humanos? ¿Se pueden cerrar los ojos a todos los males para combatir el mal islamista? ¿Existe en la moral el mal menor? ¿Se puede jerarquizar el mal?, y, en caso afirmativo, ¿bajo qué criterios?

Argelia espera la paz, y la mayoría de su población aspira a la soberanía dentro de la libertad. Un ciudadano del mundo, digno y libre, defiende con la cabeza alta estas aspiraciones sin comprometerse ni con unos ni con otros. Argelia necesita la solidaridad de los ciudadanos del mundo para ayudarla a salir del callejón sin salida. No necesita que la hundan, por ingenuidad o por cálculo. Sugerimos a Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, etcétera, que se impliquen más en el conflicto argelino y entren en contacto con todas las fuerzas políticas para contribuir a que vuelva la paz, en el respeto a la justicia y a la dignidad de todos los ciudadanos.

Fatiha Talahite, Mohamed Harbi y Lahuari Addi son, respectivamente, economista, historiador y sociólogo argelinos.

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