Fungairiño arropa a Cardenal antes de la comparecencia en el Congreso

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, decidió arropar a su superior jerárquico, el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, antes de que éste comparezca hoy en el Congreso de los Diputados. Fungairiño declaró a varios medios informativos que siempre ha expresado su absoluta repulsa por las dictaduras militares que limitan los derechos humanos y llegan a la eliminación física de la disidencia.

Fungairiño mencionó expresamente los casos de Argentina y Chile y por primera vez citó la dictadura "castrista". Ello a pesar de que en España no se sigue ningún proceso por delito alguno cometido por el régimen cubano.El fiscal jefe agregó que no se puede extrapolar y descontextualizar un párrafo determinado en relación con un dictamen que en otros 14 o más párrafos contiene una condena absoluta de esas dos dictaduras (la de Argentina y Chile). El fiscal insistió en que se trata de un informe jurídico y no político.

Preguntado, sobre si el párrafo de su informe en el que señalaba que los militares argentinos simplemente se habían extralimitado en las funciones que les habían encomendado era desafortunado, Fungairiño respondió: "No se pueden obtener consecuencias equivocadas de una condena inequívoca".

Fungairiño hizo estas declaraciones en vísperas de la comparecencia que realizará hoy en el Congreso sobre este asunto el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, con quien, según Servimedia, Fungairiño mantuvo una conversación telefónica antes de efectuar ese rotundo pronunciamiento contra las dictaduras. Paralelamente, desde la fiscalía del Estado se sugirió a los informadores que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional se mostraría receptivo si era preguntado sobre el tema. Fungairiño explicó que con sus palabras pretende zanjar definitivamente las dudas suscitadas por "ciertas afirmaciones que pueden haber surgido desde la Fiscalía de forma equívoca, o bien que han sido malinterpretadas".

El fiscal jefe se refería a sus notas sobre la jurisdicción de los tribunales españoles en la investigación de los desaparecidos bajo las dictaduras militares chilena y argentina. El "párrafo descontextualizado" señala que las respectivas Juntas militares "no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido" para "precisamente, subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública".

En sus declaraciones de ayer, Fungairiño insiste en su repulsa: "Una vez más, como ya hice en las ocho o nueve ocasiones en las que esta fiscalía se ha pronunciado sobre la competencia de la justicia española para instruir estos sumarios, siempre ha quedado de manifiesto mi absoluta repulsa a las dictaduras no ya como fiscal, sino como ciudadano".

El fiscal general comparecerá hoy ante la comisión de Justicia del Congreso para dar explicaciones sobre su respaldo al escrito de Fungairiño y sobre sus amenazas a los portavoces de las asociaciones fiscales por las críticas dirigidas al al Gobierno y a él mismo. En relación con esta comparecencia, el portavoz de CiU en el Congreso, Joaquim Molins, manifestó que espera que Cardenal deje claro que "no es opinión del fiscal general que en el caso de Argentina los militares actuaran legítimamente en sustitución del orden constitucional".

"Fundamentalmente", añadió Molins, "que quede claro que estos mecanismos de excepción no son comparables a los que existen en la Constitución española y que con ésta no puede pasar lo que ocurrió en Argentina".

Aunque Fungairiño no puede comparecer en el Congreso para dar explicaciones, CiU cree que Cardenal debe desautorizar la primera parte del informe elaborado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, en el que hay "una cierta legitimación de un golpe de Estado".

Propuesta del PDNI

Por su parte, Nueva Izquierda e iniciativa-Els Verds presentaron ayer una proposición de ley en el Congreso para modificar el nombramiento del Fiscal del Estado, de forma que la Comisión de Justicia pueda pronunciarse sobre la idoneidad del candidato. Los dos partidos proponen que el mandato del fiscal sea por cinco años "no renovables". Su cese, "por el Rey a propuesta del Gobierno" se decidirá oído el Consejo del Poder Judicial y tras una resolución de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso.