El Fondo de Garantía acusa de mala fe y estrategia diversionista a Pérez Escolar

Los discursos de defensas y acusaciones comenzaron ayer a subir de tono en el juicio del caso Banesto. Los letrados Jesús Castrillo y José María Stampa, en nombre de la sociedad Cifuentes 2000, relacionada con la familia de Rafael Pérez Escolar, atacaron al Fondo de Garantía de Depósitos, a Banesto y al Banco de España y solicitaron una carga de pruebas, testificales y documentales, casi idéntica a la ya solicitada por Pérez Escolar.

Cándido Conde Pumpido, por el Fondo, y el fiscal Luis López Sanz subrayaron la mala fe procesal de los citados defensores. El presidente Siro García intentó limitar los excesos. La licencia que suele imperar en el juicio oral explica ciertas frases que, proferidas en otros ámbitos, podrían ser objeto de una acción legal. El letrado Jesús Castrillo, por ejemplo, acusó al banco J P Morgan de haber sido sobornado, de hecho, por el Banco Santander. "Se ha llevado 22.000 millones y no ejercitó acciones", dijo sobre la "escandalosa transacción entre el grupo Santander y J P Morgan".El letrado volvió a utilizar la violencia habitual mostrada por su cliente Pérez Escolar con el Banco de España: "Tanta institución y tan peligrosa institución que dio origen a esta causa". El saneamiento de Banesto ha sido inexistente, un "invento", dijo. Los ataques contra el Fondo de Garantía y Banesto, a quien Castrillo suele confundir habitualmente con "el Banco de España", son producto de la herida: son las dos únicas acusaciones que solicitaron al juez García-Castellón la declaración de responsables civiles subsidiarias a varias empresas relacionadas con Pérez Escolar, entre ellas Cifuentes 2000.

José María Stampa, dijo en nombre de dicha empresa, que si ésta era responsable civil subsidiaria no menos tenía que ocurrir con Banesto. Stampa, que comienza a encontrar cierta muralla en el presidente del tribunal, Siro García, para expandir los dominios de su discurso, denunció a García-Castellón por haber admitido, en abril de 1996, que Banesto debía ser responsable civil subsidiaria y no haber actuado en consecuencia.

Fue Conde Pumpido quien denunció la mala fe procesal. "El juez omitió en su auto la petición de una acusación para que se declarase a Banesto responsable civil subsidiario. Al señalarse, dejó constancia del hecho. Pero el juez se opuso a declarar a Banesto como responsable civil subsidiario. No es verdad lo que ha afirmado el letrado", dijo. El representante de la Asociación de Defensa del Accionista (ADA), considerado próximo a Pérez Escolar, lo reconoció: "Tiene razón el letrado del Fondo. En el auto no se transcribió la petición. Y eso fue lo que más tarde se subsanó".

El letrado de Banesto, José Antonio Jiménez, atacó la pretensión de Pérez Escolar: "Los letrados pretenden que además de haber perdido por esas operaciones también sea Banesto quien pague una segunda vez por ello. El que ha sido perjudicado no debe responder por aquello de lo que ha sido estafado", dijo.

La defensa de Pérez Escolar insiste en el pleito entre Banesto y la aseguradora Carlysle. Con todo, la sentencia de un tribunal de Nueva York ha sido condenatoria para Banesto porque, según afirma, los estados financieros de 1992 no eran correctos. El acusado quiere que comparezcan, entre otros, el ex ministro Pedro Solbes y del ex presidente de la Comisión de Valores, Luis Carlos Croissier.