Siro García niega que exista en España la "moda de macrojuicios fragmentados"
El presidente del tribunal del caso Banesto, Siro García, rechazó ayer que exista "una moda española" de celebrar "macrojuicios fragmentados" y denunció que en España la presidencia de los tribunales carece de facultades para limitar el tiempo de las partes durante la exposición de sus posiciones. Ayer, el abogado Ignacio Ayala denunció desigualdad de trato para su cliente, Francisco Sitges. El fiscal y las acusaciones rechazaron su posición.
Siro García aprovechó el final del pronunciamiento de las defensas sobre los argumentos de la defensa de Mariano Gómez de Liaño en las cuestiones previas para lanzar su mensaje. "Sobre la moda española de celebrar macrojuicios fragmentados en lugar de una dedicación a tiempo total por el tribunal, mi experiencia de más de veinte años me lleva a rechazar de manera radical y rotunda qué se trate de una moda española".El presidente subrayó: "Por el contrario,en los países de nuestro entorno se siguen las mismas pautas que en los tribunales españoles. En cambio, en esos países hay órdenes para que las presidencias puedan limitar el tiempo que utilizan las partes en sus actuaciones".
Precisamente, cuando llegó el turno a los letrados de las empresas declaradas responsables civiles subsidiarias, éstos alegaron necesitar más tiempo para exponer.
-"Nosotros vamos a plantear dos cuestiones y para ello necesitaremos dos horas", dijo Jesús Castrillo, codefensor, con José María Stampa, de Pérez Escolar.
-"¿Dos horas cada uno de ustedes?", inquirió Siro García.
-"No, dos en total", precisó Castrillo. Ayer, el abogado Ignacio Ayala, del bufete de Horacio Oliva, exhibió cómo con poco se puede hacer una defensa respetable. Vino a presentar, suave y pausadamente, a Sitges ya no sólo como una víctima de la instrucción sino, además, como un hombre tratado peor que los otros acusados, por carecer de tiempo para defenderse.
Un discurso seductor, pero con vías de agua. Sitges empezó a conocer los hechos, como mínimo, a primeros de 1996. El 19 de febrero de ese año, el abogado Dominique Poncet presentó en su nombre, entre otros, ante el Tribunal Cantonal de Vaud (Lausana) un recurso para impedir que se transmitiera la declaración de Paolo Gallone a España.
Otro hecho importante. Según Ayala, cuando Gallone declaró en Lausana, no se le impuso de sus obligaciones como testigo ni la primera vez (febrero de 1996), ni la segunda (septiembre de 1997), lo que invalidaría el testimonio. Ayala dice que la culpa fue de la juez Teresa Palacios. Nada de todo esto es verdad. Ni la primera ni la segunda vez.
En la primera comisión rogatoria, 6 de febrero de 1996, se lee: "Se le informa que declara como testigo en una comisión rogatoria remitida por las autoridades españolas. Se le informa de las disposiciones penales que castigan el falso testimonio y debe tomar nota de los artículos 193 y subsiguientes del Código Penal que regulan la comparecencia del testigo". Gallone respondió: "Tomo nota". En la segunda, 24 de septiembre de 1997, se repite la advertencia.
