España estima que la presencia de etarras en Cuba impide normalizar las relaciones

La normalización de las relaciones con Cuba se enfrenta, tras el éxito de la visita del Papa, a un nuevo obstáculo: la presencia de miembros de ETA en la isla, cuyos movimientos no son conocidos por las autoridades españolas. El Gobierno de José María Aznar considera que el régimen castrista ha utilizado su política de asilo a los etarras como un resorte de presión en sus relaciones con España y quiere garantías de las autoridades de La Habana de que no se amparará a ningún prófugo de la justicia española ni se permitirá el regreso a la clandestinidad de los militantes que ahora residen en la isla, informaron fuentes del Gobierno.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, que desea una rápida normalización de relaciones, ha hablado del tema con su homólogo cubano, Roberto Robaina, en los frecuentes contactos telefónicos que mantienen.De forma críptica, el propio José María Aznar sugirió, el pasado miércoles en Varsovia, que existían temas delicados que despejar con las autoridades cubanas antes de proceder al nombramiento del nuevo embajador, gesto que marcará la normalización de relaciones. Fuentes del Gobierno informaron ayer que uno de estos temas es el llamado de forma eufemística, colaboración en la lucha antiterrorista, y que quiere decir simple y llanamente cooperación contra ETA. El otro son las garantías de que el próximo embajador gozará de plena libertad para mantener todo tipo de contactos en la sociedad cubana, lo que incluye obviamente a la oposición interna. La consigna del presidente Aznar de que "no hay prisa" para el nombramiento del embajador español en La Habana, fue recogida el pasado lunes por el ministro Matutes en Bruselas.

La reclamación del Gobierno español, en su diálogo con el cubano, de una mayor cooperación contra ETA no responde aparentemente a ningún hecho nuevo sino a la convicción que ha existido siempre en el Partido Popular de la simpatía de ETA y HB por la revolución cubana y participación directa de miembros de ETA y militantes de HB en la revolución sandinista, que contó con el pleno apoyo del régimen cubano. Uno de estos militantes, Eusebio Arzalluz Tapia, alias Paticorto, participó activamente en la lucha contra la contra nicaragüense, y hoy se encuentra en la clandestinidad, presumiblemente en Francia. La policía española lo considera el máximo responsable del aparato logístico de ETA.

Cuba fue el destino, en el marco de la política de deportaciones negociada por el Gobierno socialista con Francia, de diversos militantes de ETA algunos de ellos acusados del asesinato del capitán Alberto Martín Barrios en octubre de 1983.

En los últimos meses, fuentes oficiales españolas han ido facilitando diversas informaciones sobre la presencia en Cuba de nuevos miembros de ETA, que habrían llegado procedentes de diversos países africanos -donde se encontraban deportados-, de Panamá y de Nicaragua. Uno de ellos, el veterano Tomás Linaza Etxeberría, de 41 años, deportado por el Gobierno francés en 1985 a Cabo Verde, regresó recientemente a ese país africano tras pasar unos meses en Cuba, según aseguran fuentes. diplomáticas. En territorio caboverdiano residen también Emilio Martínez de Marigorta, José Antonio Olaizola Atxukarro, y Félix Manzanos Martínez. Angel María Lete Etxaniz, Patas, es otro de los deportados en Cabo Verde, junto con Mikel Endika Iztueta, que va y viene a Cuba, según las mismas fuentes.

La libertad de movimientos de los etarras residentes en Cuba es el motivo de preocupación de las autoridades españolas. Fuentes del Ejecutivo recordaron que José Miguel Bustinzar Yurrebaso, alias Ivan, viajó el pasado año a Francia desde Cuba con documentación falsa. La policía española acusa a Bustinzar de haberse integrado en el comando Vizcaya y de planear una campaña de atentados y secuestros de militantes el Partido Popular, como el que sufrió Miguel Angel Blanco.

Las mismas fuentes indicaron que el Gobierno de José María Aznar espera que La Habana cumpla sus promesas de cooperación en este campo y, aunque no se ha solicitado la entrega de ningún de los etarras que residen en la isla, verían con agrado la entrada en vigor de un tratado de extradición entre los dos países.