El Ejecutivo obliga a Cardenal a rectificar tras la presión ejercida por sus socios catalanes

El Gobierno ha obligado al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, a que "aclare" sus manifestaciones justificativas de los golpes militares en Argentina y Chile, presionado, a su vez, por su principal socio parlamentario, CiU. Las "aclaraciones" de Cardenal se celebrarán "cuanto antes" y en "sede parlamentaria" según anunció a última hora de ayer el portavoz del PP de la Comisión de Justicia, Andrés Ollero. Joaquim Molins, portavoz de CiU, había retado al Gobierno sólo unas horas antes con la presentación de una proposición no de ley. Molins anunció que retiraría su proposición si el Gobierno decidía la comparecencia, lo que hizo a última hora. Incluso Jesús Cardenal declaró anoche a Efe que acudirá "encantado" al Congreso y que si no lo ha hecho ya es porque ningún grupo parlamentario se lo había pedido como ayer hizo el PP.

Las relaciones entre el Gobierno y su principal socio parlamentario, CiU, han vuelto a ponerse a prueba. Esta vez a cuenta del fiscal general del Estado. El Gobierno se vio ayer obligado a ceder ante la presión de CiU y Jesús Cardenal tendrá que comparecer ante el Parlamento en los próximos días para rectificar sus expresiones justificativas de las dictaduras chilena y argentina. La decisión se tomó avanzada la tarde de ayer en La Moncloa, en una reunión en la que estuvieron presentes el vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, el portavoz del PP, Luis de Grandes, y el secretario de Relaciones con las Cortes, José María Michavila.La víspera, el portavoz de CiU, Joaquim Molins, anunció a Álvarez Cascos y a Luis de Grandes su intención de presentar una proposición no de ley en la que se pedía al fiscal general del Estado una rectificación o aclaración de sus polémicas manifestaciones. Molins le propuso a Cascos que si el fiscal general comparecía, retiraría su proposición no de ley. Cascos le dio a entender que así sucedería.

No obstante, La Moncloa se desayunó ayer con una sorpresa cuando se enteró de que Molins acababa de presentar en el Congreso la proposición no de ley. Desde el Gobierno no se calculaba que el portavoz de CiU lo haría tan pronto. Esta situación originó un considerable malestar en el Ejecutivo al que también había disgustado que Molins se limitara a comunicar la proposición no de ley y no a consultarla. Según fuentes parlamentarias, en el último encuentro entre José María Aznar y Jordi Pujol se había acordado que las proposiciones no de ley se coordinarían o consultarían antes de hacerse públicas.

También el PNV, por boca de su portavoz, Iñaki. Anasagasti, se mostró "sorprendido y molesto" con CiU por la "falta de cortesía parlamentaria" al no comunicarles previamente la presentación de la inciativa, aunque anunció que su grupo la apoyaría.

Molins trató de justificar, a primera hora de la tarde en rueda de prensa, su proposición no de ley. Reconoció que la decisión de CiU de exigir la comparecencia de Cardenal obedecía a la presión generada por un clima de opinión muy extendido que no había entendido su posición contraria a que el Congreso celebrase una sesión extraordinaria para debatir las expresiones del fiscal.

El portavoz de CiU insistió en que no existía un cambio de posición sobre su contenido crítico hacia las expresiones justificativas de la dictadura de Cardenal y Fungairiño. Molins recordó que CiU ya había calificado dichas expresiones como "barbaridades" y había exigido dicha rectificación a ambos, pero justificó su voto contrario a la celebración de un pleno extraordinario porque sólo faltaban unos días para que se celebraran las sesiones normales del Parlamento. Para facilitar una, salida al Gobierno, manifestó que CiU se conformaría con que Cardenal ofreciera una explicación, aunque no fuera en sede parlamentaria. "Cualquiera de las fórmulas será bien recibida para deshacer un entuerto que en nada beneficia a la Fiscalía ni a la Justicia", aseguró.

Cuatro horas más tarde, y una vez tomada la decisión en La Moncloa, compareció Andrés Ollero en nombre del Gobierno y del PP. Ollero reconoció implícitamente que el Gobierno se veía obligado a exigir a Cardenal una comparecencia que en nada agrada a La Moncloa. "En política, la apariencia es una cosa y la realidad es otra. A veces esa apariencia es más importante que la realidad", y añadió que sus socios parlamentarios se habían dejado llevar por la apariencia.

En el intervalo, el propio Cardenal, a través de algunas emisoras de radio, afirmó que condena Ias dictaduras chilena y argentina sin ningunas limitación y sin ninguna restricción; total y absolutamente, ahora y antes".

Ollero hizo una defensa cerrada de Cardenal. Aseguró que es un "demócrata íntegro, intachable e intachado". Añadió que en el criticado informe aparecen expresiones como "asesinos", "exterminadores" y "liquidadores", en referencia a los componentes de la junta militar argentina. Y apostilló que se estaba juzgando a Jesús Cardenal por un "breve pasaje de cinco líneas dentro de un párrafo de 20".