La Ertzaintza empieza a escoltar a los ediles del PP en sustitución de los guardaespaldas privados

La inmensa mayoría de los 45 cargos electos del PP de Guipúzcoa cuentan desde el pasado lunes con escolta de la Ertzaintza, que también ha ampliado al resto de Euskadi el número de efectivos que tenía dedicados a proteger a concejales y otros cargos de ese partido. Los policías autonómicos sustituyen a los guardaespaldas privados contratados por el PP después de que ETA asesinara en diciembre al concejal de Rentería José Luis Caso. El comité ejecutivo del PP vasco, que se reunió anteayer en Vitoria para examinar los primeros resultados del cambio en el sistema de protección, está muy satisfecho del plan elaborado por el Departamento de Interior que dirige el consejero Juan María Atutxa.

El acuerdo alcanzado hace dos semanas entre el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el consejero Atutxa para relevar a todos los guardaespaldas privados contratados por el PP en Guipúzcoa, está en marcha desde el pasado lunes. En Vizcaya y Álava el plan se está realizando de forma más selectiva y paulatina.La Ertzaintza ha asumido la protección de la práctica totalidad de los cargos del Partido Popular en Guipúzcoa. Las excepciones, media docena, son casos especiales, debido a diferencias de criterio entre la consejería de Interior y el PP. Este considera que cada una de esas personas, que son potenciales objetivos prioritarios de ETA, debe tener al menos dos policías.

Interior entiende que un solo ertzaina, con todo el apoyo técnico y humano del resto del cuerpo, puede garantizar la seguridad de cada protegido. Ante las discrepancias, el PP propuso crear equipos de escolta mixtos formados por un ertzaina y un vigilante privado. Al rechazar tajantemente la Consejería de Interior este proyecto, algunos cargos populares continuarán con guardaespaldas privados.

Al margen de estas divergencias, el partido está satisfecho con el trabajo de la policía autonómica vasca. Todos los cargos electos consultados elogian la profesionalidad de este cuerpo y aprecian el cambio con respecto a los anteriores escoltas. El departamento de Atutxa ha decidido dedicar a sus mejores agentes a esta misión -todos los que participan en el plan tienen hechos cursos de especialización en escolta de personalidades-, aunque para ello haya tenido que apartarlos de sus actuales destinos en otras unidades, según fuentes policiales.

La Consejería de Interior y el Ministerio del Interior no quieren dar información sobre el dispositivo de protección. "Hablar de esto sólo favorece a los de ETA", señalaron fuentes de ambos departamentos.

Los dirigentes del partido de José María Aznar están satisfechos no únicamente por la mejora obtenida en los sistemas de protección de sus más de 166 concejales y 46 cargos institucionales en Euskadi, sino también porque así se resuelve el problema legal que conlleva la contratación de escoltas privados para "autoridades públicas".

El artículo 17 de la Ley de Seguridad Privada, aprobada en 1992 por el Parlamento, establece que "son funciones de los escoltas privados el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, que no tengan la condición de autoridades públicas". Fuentes policiales y políticas aseguran que ya alertaron al PP, tras la ofensiva desatada por ETA con el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco, de la restricción que impone la ley sobre escoltas a "autoridades".

La prioridad del PP era que sus representantes recibieran protección, asumiendo el coste que pudiera derivarse de ese conflicto legal, según confirman el presidente y el secretario general en Guipúzcoa, Ricardo Hueso y Andrés Bernabé, respectivamente.

Tanto la dirección nacional del PP como las, tres empresas privadas contratadas dudan que un concejal sea "autoridad pública". Pero ni Hueso ni Bernabé ponen en cuestión que sea autoridad, como reconocen numerosas sentencias del Supremo.