El Gobierno pretende designar al comité regulador de contenidos audiovisuales

Tras hacer oídos sordos durante 1997 a las propuestas de la oposición para la creación de un Consejo Audiovisual independiente que ponga coto a la llamada telebasura, el PP hizo pública ayer una proposición de ley que deja en manos del Gobierno el control de los contenidos audiovisuales y las sanciones que de ello se deriven. La iniciativa, presentada en el Congreso por la diputada Ana Mato, propone la creación de un comité nombrado por el Gobierno e integrado en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), cuyos miembros están designados igualmente por el Gobierno. Ambas medidas difieren de las propuestas hechas por. CIU, PSOE, IU y el Defensor del Pueblo.

El futuro Comité de Medios Audiovisuales, que se nutrirá del patrimonio y del presupuesto de la actual Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), dispondrá de plena autonomía e independencia" para cumplir sus funciones, según Ana Mato, quien describió así sus facultades: "Proteger la libertad de expresión, la libre competencia y los derechos de los ciudadanos como usuarios de los medios de comunicación".La proposición de ley del PP, de artículo único, establece que "el Comité de Medios Audiovisuales estará integrado por el presidente de la CMT y seis vocales nombrados por el Gobierno entre profesionales de reconocido prestigio en materia audiovisual y personalidades destacadas del mundo de la cultura". Las seis vocales tendrán un mandato máximo de seis años y no podrán ser "titulares de intereses económicos directos o indirectos en el sector de la comunicación audiovisual y en la industria suministradora de contenidos para el mismo".

Ana Mato añadió que su elección por el Gobierno será obstáculo para alcanzar un consenso. A juicio de la diputada popular "es menos político y más independiente nomrarlos por el Gobierno entre expertos del mundo audiovisual y la cultura de reconocido prestigio en la sociedad y con el consenso de todos los grupos, como se hizo hace un año en la CMT, que si finalmente debe hacerse por cuotas políticas".

La propuesta del PP difiere por completo de la presentada por el PSOE la semana pasada, que proponía atribuir a las Cortes el nombramiento de los miembros de la futura autoridad audiovisual. Ana Mato explicó que el PP no quiere que en el Comité de Medios Audiovisuales "se reproduzca un Consejo de Administración de RTVE bis, nombrado por el Parlamento, que al final es un consejo político, a menudo inoperante y con vacantes que cuesta meses cubrir".

En su defensa del nuevo comité, la diputada popular llegó a justificar su adscripción a la CMT porque "no es necesario que se cree un órgano nuevo, que tiene un coste y que tarda años en funcionar".

El Comité de Medios Audiovisuales diseñado por el PP contempla también la posibilidad de "instruir expedientes informativos y proponer al Ministerio de Fomento y a los órganos correspondientes de las distintas administraciones públicas el inicio de expedientes sancionadores". Asimismo el Comité "podrá solicitar la intervención de la inspección de las telecomunicaciones, del Ministerio de Fomento".

Entre las funciones concretas del Comité figuran las de "coordinar los criterios de las diferentes administraciones" en materia audiovisual. Y la proposición también menciona que, al tener competencias sobre la programación de las cadenas, el Comité incluirá "un representante de cada comunidad autónoma" con canal propio.

Otras competencias atribuidas al Comité son las de asesorar a las Cortes y el Gobierno; velar por el cumplimiento de las leyes y de la directiva Televisión sin Fronteras -que regula horarios de protección a la infancia, emisión de publicidad y otras cuestiones-; elaborar un informe anual; recibir reclamaciones de los usuarios; y advertir de incumplimientos en materia de programación.

Por su parte, el diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba reiteró ayer en el Senado la intención de su partido de sacar adelante mediante una ley orgánica un Consejo Superior de lo Audiovisual formado por ocho profesionales independientes elegidos por el Congreso y el Senado, que además de velar por los contenidos tendría la facultad de garantizar la, transparencia de la propiedad de los medios audiovisuales.