El fiscal pide cárcel para dos médicos valencianos por un aborto de 1992.

El ginecólogo Javier Vives, de la clínica Acuario de Castellón, pasó 48 horas en el calabozo hace seis años, tras ser detenido por un aborto practicado a una mujer que tuvo que ser atendida en un hospital público por complicaciones en la intervención. El fiscal- acaba de pedir para Vives una pena de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación especial por los delitos de aborto y negligencia, y solicita otro año de prisión para el médico que autorizó la intervención, José Luis Carbonell.

El fiscal pide también sendas multas de 180.000 pesetas para la mujer -cuyo aborto estaba incluido en el supuesto de peligro para la salud psíquica de la madre- y su novio, por acompañarla a la clínica. Los acusados recuerdan que el hospital que les denunció tardó tres horas en atender a la paciente.Javier Vives explicó ayer que la perforación de útero que sufrió la paciente durante la práctica del aborto -realizado mediante aspiración- provocó su traslado inmediato al Hospital General de Castellón, donde se le practicó una histerectomía que derivó en la extirpación de la matriz. Tanto él como José Luis Carbonell, de la clínica Mediterránia Médica, afirman que la paciente tardó tres horas en ser atendida por el equipo del servicio Digestivo y no por el servicio de Ginecología, como habría cabido esperar. El médico que atendió a la mujer comunicó al juzgado que la intervención era consecuencia de un aborto, por lo que se abrió una investigación que terminó con la detención de Vives, quien se sentará en el banquillo antes del verano junto al resto de, los imputados. Carbonell afirma que el procedimiento judicial al que se enfrentan "demuestra una clara intencionalidad política de atacar el derecho de aborto" y critica la "criminalización" de la conducta de la mujer "por un hecho que no es delito en ningún país europeo".

El ginecólogo lamenta la situación de. "presunta delincuencia permanente" que rodea a la práctica del aborto y asegura que el derecho a la libre maternidad sigue siendo "la asignatura pendiente de la Demócracia".

Carbonell recurrirá al Tribunal de Estrasburgo y la ONU "para devolver a la mujer su poder de decisión, robado y conculcado con la actual ley

La presidenta de la Federación de Centros Acreditados para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Consuelo Catalá, compareció ayer junto a los acusados y tildó de "sinsentido" la denuncia presentada por el hospital de Castellón, tras lamentar que, frente a la presunción de inocencia de cualquier proceso judicial, el aborto se considere ilegal mientras no se demuestre lo contrario.

El letrado Virgilio Latorre matiza que se trató de un aborto consentido, practicado en una clínica acreditada y acogido a uno de los supuestos contemplados en el vigente Código Penal.