Estabilidad por autogobierno

El ritual de gestos y palabras que antecede, acompaña y sigue a las visitas del presidente de la Generalitat al del Gobierno les confiere un carácter muy singular. Normalmente, Jordi Pujol recuerda, antes de emprender viaje, sus discrepancias de fondo con el Gobierno, que suele situar en el terreno de la idea de España y el concepto de Cataluña. Esta toma de distancia filosófica se refuerza dando libre curso a los rumores sobre el malestar reinante en sectores de su coalición por la continuidad del acuerdo. Así acentuadas las dificultades, el presidente de la Generalitat se carga de razón cuando termina su discurso presentando el balance de lo conseguido: sumado todo,107.902 millones; además, el traspaso del Inem y del tráfico, la supresión de los gobernadores y la ley de Puertos.Esos 108.000 millones constituyen un argumento inapelable contra sus críticos de casa; si no hubiera mantenido el acuerdo no se habrían conseguido. Pero llamar tan expresamente la atención sobre el dinero, cuantificando las diferentes partidas y sabiendo que corre el riesgo de ser interpretado en Madrid como un vulgar "fenicio", es una advertencia dirigida también al Gobierno: si queréis renovar el pacto, les viene a decir, ya sabéis el precio. No es un mensaje subliminal, un sobreentendido. Pujol lo explicita recordando el infinito camino que queda aún por recorrer: "Aspiramos a una estructura distinta de España", afirma. Y como sabe que si pone "por delante cambiar la estructura del Estado de acuerdo al cien por cien con nuestro concepto de Cataluña y de España" el rechazo sería total, no tiene inconveniente en bajar el precio de su apoyo desde el cielo filosófico de los conceptos al suelo de la más prosaica realidad: "Hemos hecho aportaciones suficientes para pedir a Aznar más autogobierno". A cambio de garantizar la continuidad del Gobierno, el presidente de la Generalitat exige incrementar su presupuesto, lo que es decir su poder.

Eso es así por una insoslayable realidad política: de los diputados nacionalistas catalanes depende la posibilidad de que el presidente del Gobierno español cumpla el término completo de la legislatura para la que fue investido. Tratándóse de una coalición nacionalista -y no de un partido bisagra, que hoy da mayoría a la derecha, mañana a la izquierda sin mayores complicaciones ideológicas- la única justificación de tal apoyo consiste en mostrar a sus electores las ventajas contables obtenidas sin modificar un ápice la "idea" de España y Cataluña; sin renunciar, por tanto, a ese cambio de la estructura del Estado evocado en la última entrevista concedida a La Vanguardia. Son ventajas que valen, desde luego, por lo que cuentan y lo que suenan -de ahí que Pujol sume las diferentes partidas- pero que valen, sobre todo, porque se sitúan en un punto más avanzado de un recorrido de lejanos, casi infinitos horizontes.

Alguna gente nerviosa ha propuesto acabar con esta situación por la vía quirúrgica de la reforma electoral. Empeño vano y, además, erróneo en su presunción de que los diputados nacionalistas pesan más que sus votantes. No es así: CiU obtuvo en las pasadas elecciones el 4,6% de votos y tiene el 4,6% de diputados. El sistema electoral es, con ellos y con el PNV, exactamente proporcional; no les beneficia, como al PP y al PSOE, ni les perjudica, como a IU. No es, por tanto, con artificios electorales como se podrá garantizar la vida de un gobierno sin supeditarla al trueque anual de estabilidad por presupuesto. El único camino sería definir de una buena vez las competencias de cada cual pero eso no lo quisieron los padres de la Constitución ni lo quieren -et pour causo- los partidos nacionalistas. Y así, las visitas se repetirán y la estabilidad tendrá siempre el precio de más autogobierno hasta el día en que, realizada por fin la "idea" de Cataluña y España, el Gobierno sea tan estable, tan estable, que ya no le quede ninguna competencia que transferir.