Mariscal revoca las multas a los fiscales Fungairiño y Márquez de Prado

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, dejó ayer sin efecto las sanciones de 50.000 pesetas impuestas al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y a la fiscal María Dolores Márquez de Prado. Ambos habían sido multados por ocultar al juez Manuel García-Castellón un informe pericial balístico sobre el atentado de ETA contra José María Aznar. Mariscal respalda la actuación de ambos asegurando que los fiscales deben valorar las investigaciones que ordenen "al margen del proceso" antes de decidir si las aportan o no a la causa. La ministra, en cambio, confirma las sanciones a otros dos fiscales indomables: un mes de suspensión a Ignacio Gordillo y multa de 50.000 pesetas a Pedro Rubira.

Según el criterio de Mariscal de Gante recogido por Efe, Fungairiño y Márquez de Prado no cometieron ninguna infracción al no aportar una prueba pericial en el sumario sobre el atentado a Aznar, ya que "los fiscales pueden y deben valorar el resultado de las investigaciones que ordenen al margen del proceso antes de decidir si aportan o no dichos resultados a la causa".Fuentes judiciales consultadas anoche por este periódico aseguraron que, "en la práctica, este argumento se carga el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal".

El escrito de la ministra añade que dichos fiscales "no infringieron ningún deber general e incondicionado de aportar al procedimiento todos los informes recibidos de la Policía, los juzgase o no relevantes en relación con el objeto del procedimiento".

Añade la ministra que el informe relativo a las huellas de un etarra que, según la prueba pericial, no llegó a participar en el atentado frustrado a Aznar, "no añadía nada al que ya existía incorporado al procedimiento y, por tanto, la falta de aportación de aquél no podía dañar ni a la mejor defensa de las tesis incriminatorias entonces defendidas por la fiscal (Márquez de Prado) ni tampoco la defensa".

Criterios en contra

Aunque esta decisión estaba cantada en medios del Ministerio Fiscal, dado el respaldo total de que goza Fungairiño por parte del Gobierno, la anulación de las multas, contradice el criterio del fiscal jefe de la Inspección, Juan José Martínez Zato, que apreció "una violación del principio de imparcialidad"; del fiscal del Tribunal Supremo instructor del expediente, José Íscar, que propuso una sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo por estos hechos a cada uno, e incluso del anterior fiscal general, Juan Ortiz Úrculo, que rebajó dicha propuesta a la multa de 50.000 pesetas finalmente impuesta y que ahora ha anulado la ministra.

Mariscal de Gante ha tardado casi nueve meses en resolver los recursos de alzada contra una sanción que el propio Fungairiño calificó despectivamente como "multa de tráfico". El nuevo espaldarazo del Ejecutivo al polémico fiscal jefe de la Audiencia Nacional le llega en el momento en que Fungairiño suscita un fuerte rechazo por su negativa a investigar las dictaduras argentina y chilena con el argumento de que las Juntas Militares "no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido" para "subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública".

La decisión también implica borrar del currículum de Fungairiño una falta disciplinaria grave cuando su nombramiento como fiscal jefe de la Audiencia Nacional -rechazado por el Consejo Fiscal, por la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo e impugnado por las dos asociaciones que representan a toda la carrera-, está pendiente de ser examinado por el Tribunal Supremo.

La supresión de las sanciones no afecta al traslado forzoso de la fiscal Márquez de Prado fuera de la Audiencia Nacional por su "acritud y excesos formales" con jueces y fiscales, hechos por los que sufrió un expediente distinto. En sentido contrario, la ministra desestimó los recursos de los fiscales Ignacio Gordillo y Pedro Rubira contra las sanciones que les fueron impuestas por haber entregado a alumnos en prácticas causas de terrorismo para que realizasen escritos de calificación. Gordillo fue sancionado con un mes de empleo y sueldo y Rubira con una multa de 50.000 pesetas.

Ambos fiscales, que bajo el liderazgo de Fungairiño formaron junto a Márquez el grupo de los indomables, anunciaron ayer su intención de recurrir la sanción ante la Sala de lo Contencioso de la propia Audiencia Nacional. Entretanto, la confirmación de la sanción deja en entredicho las expectativas de Gordillo de suceder a Fungairiño como teniente fiscal de la Audiencia.

IU: No hay fiscales rebeldes

La anulación de las multas a Fungairiño y Márquez fue rápidamente aplaudida por el diputado de Izquierda Unida Pablo Castellano, quien opinó que la decisión "viene a indicar que nunca ha habido fiscales rebeldes, como algunos decían". Castellano se mostró favorable a que "todo este tema se olvide pronto y se deje de una vez de hablar tanto de los jueces como de los fiscales de la Audiencia para que puedan trabajar en paz.

Muy al contrario, Miguel Colmenero, portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, aseguró que la decisión encaja en la línea seguida por el Gobierno de pretender dirigir al Ministerio Fiscal, desautorizándole cuando le interesa". Colmenero consideró "llamativo" que se dejen sin efecto "unas sanciones que fueron consideradas benévolas cuando se impusieron".

Carlos Castresana, de la Unión Progresista de Fiscales, dijo que los expedientes nunca tuvieron la finalidad de poner orden en la Fiscalía de la Audiencia sino "destituir a Aranda para nombrar a Fungairiño". Agregó que las sanciones a Gordillo y Rubira son "ridículas" en relación "con la gravedad de los hechos". "Si un hecho así hubiera ocurrido en una empresa, habrían sido despedidos de inmediato", añadió.

El portavoz de Justicia del Grupo Socialista del Congreso, Juan Alberto Belloch, aseguró. que Fungairiño es "la gran apuesta del Gobierno", y junto al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, forman el "eje" de la política del Ejecutivo en materia de Justicia. Belloch recordó que Fungairiño fue nombrado con la opinión contraria de toda la carrera fiscal, incluida la asociación próxima al PP. "A partir de ahí no se van a andar con bromas", apostilló. Para Belloch, era "obvio" que había que liquidar al anterior fiscal jefe, José Aranda, y colocar en el centro de control de la Fiscalía a Cardenal y Fungairiño".