La fiscalía exige 110 millones por la muerte en un incendio de cinco empleados forestales

, La muerte de cinco trabajadores forestales de la extinta Agencia del Medio Ambiente de Madrid por asfixia en un incendio que se desató en terrenos de Madrid y Guadalajara en septiembre de 1992 aún quema. La fiscal jefe de Guadalajara, María Ángeles García, solicita una indemnización de 110 millones de pesetas para los familiares de las víctimas. Los acusados son nueve personas: tres técnicos de la Comunidad de Madrid, tres de Castilla-La Mancha (los seis por la descoordinación en la extinción) y tres empleados que originaron el fuego y "se despreocuparon".

Cuatro miembros de un retén y un agente forestal de la Agencia de Medio Ambiente de Madrid (actual consejería) fallecieron el 18 de septiembre de 1992 por asfixia cuando apagaban un incendio forestal en la sierra de El Rincón, a caballo entre Guadalajara y Madrid. Sus cuerpos acabaron carbonizados. El incendio duró una semana.La fiscal jefe de la Audiencia de Guadalajara solicita 22 millones de pesetas de indemnización por cada una de las víctimas y acusa a nueve personas como responsables del suceso. Tres son empleados de la empresa que, en unas tareas de reforestación, provocó el incendio, según la Fiscalía. Otras tres son técnicos de Medio Ambiente de Madrid y otros tantos de Castilla-La Mancha.

El primer responsable y acusado, Antonio Mamajón, desató el fuego fatal. Cavaba surcos con una máquina desbrozadora que portaba cuchillas metálicas. Las cuchillas rozaron con alguna roca e hicieron saltar chispas. La broza, seca por la falta de lluvias de esa época, prendió enseguida. Mamajón huyó, en lugar de enfrentarse al fuego con los extintores que llevaba en la máquina, reprocha el informe fiscal. Su jefe, José Ignacio Candelas, ingeniero forestal, y el encargado de la obra, Adrián Moya, se "despreocuparon del fuego", según la fiscal. Por ese motivo están inculpados en el caso. La fiscal dice en su escrito de petición de juicio oral al juzgado que "si [estos tres acusados] hubieran actuado según marca la ley o el sentido común, el incendio no se hubiera producido".

La fiscalía ha extendido la acusación a tres técnicos de la extinta Agencia del Medio Ambiente de Madrid y a otros tantos de Castilla-La Mancha como responsables de la tragedia. "Descuidaron la vigilancia del monte y actuaron de forma negligente durante las tareas de extinción del fuego, que se desarrollaron sin coordinación algua", según la fiscalía.

La Comunidad reconoció, cinco días después del incendio, que un hidroavión y un helicóptero habían fallado en sus tareas de extinción. La fiscalía pide que los nueve acusados desembolsen un total de 110 millones de pesetas como indemnización a las familias de las víctimas.