Fraga sugiere al Gobierno que intervenga para garantizar la seguridad

, El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, planteó ayer un último y drástico remedio para intentar garantizar la seguridad en el País Vasco. El fundador del PP y padre de la Constitución le recordó al Ejecutivo que preside José María Aznar la facultad de intervenir en el caso de que "un gobierno autonómico no pueda cumplir con sus funciones, previo dictamen favorable del Senado". En el PP, la sensación de frustración ante el asesinato de otro concejal vasco y de desamparo por el comportamiento de la Ertzaintza no impidió que muy diversos portavoces recalcasen que el Gobierno no va a cambiar de política antiterrorista y que sus cargos electos continuarán su labor institucional en Euskadi.

Fraga apuntó esa posibilidad prevista en la Constitución y en el Estatuto vasco de la intervención del Gobierno Central como último recurso, pero a continuación situó el escenario actual en el País Vasco bastante cerca del precipicio. Para Fraga, el problema del terrorismo es una "cuestión de Estado y por ello hay que poner encima de la mesa lo que hay que poner y responder de lo que hay que responder".Manuel Fraga lamentó profundamente el asesinato del concejal popular de Zarautz José Ignacio Iruretagoyena Larrañaga, que calificó de "monstruoso". Acto seguido, insistió en que la actual situación de orden público en el País Vasco "es absolutamente inadmisible y tiene que terminar" y añadió: "Hay que hacer algo si se quiere mantener y mejorar el equilibrio político previsto por la Constitución, por el Estatuto y por los principios básicos democráticos".

Fraga no entiende tampoco que no haya habido ninguna detención tras los numerosos actos terroristas cometidos en el País Vasco en los primeros días del año pese a que "hoy la Ertzaintza dispone de fuerzas importantes y medios considerables".

En este sentido, Fraga se refirió también a la indefensión que sufren los miembros del PP vasco, a los que mostró su admiración: "Es evidente que esto es un problema de Estado y por ello, cuando se plantea una situación indefinida de inseguridad para un grupo social amplio, hay que buscar soluciones".

El presidente gallego emplazó al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y al consejero de Interior vasco, Juan María Atutxa, a reunirse "inmediatamente y buscar una solución".

Estas tajantes opiniones de Fraga llegaron ayer para sustentar una sensación general de malestar en el PP por el comportamiento presuntamente algo dejado de la Ertzaintza hacia el acoso que sufren en Euskadi sus dirigentes y concejales. Molestia que se agrava por el hecho de que sea el propio PP el que sufrague el gasto de poner protección personal a sus 212 cargos electos, 166 de ellos ediles. Una inversión que se calcula sobre los 600 millones de pesetas.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, admitió ayer, nada más llegar a Zarautz, que los únicos culpables del asesinato eran "ETA y sus alimañas". Y luego agregó otra "responsabilidad" de la policía autonómica vasca: "La Ertzaintza deberá proteger a los concejales del PP que también tienen derecho a ser libres, porque con una responsabilidad como la seguridad ciudadana se hereda la seguridad de todos los ciudadanos". Numerosos dirigentes del PP profundizaron ayer en esa grieta. El portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, reclamó esa "especial atención" del Gobierno vasco y de su policía hacia los concejales populares. De Grandes indicó, en este sentido, que las palabras del día anterior del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, demandando esa protección, se habían demostrado "cargadas de razón" y "la crónica de una muerte anunciada".

En esta sintonía se expresó ayer oficialmente el presidente de Castilla y León, el popular Juan José Lucas, quien subrayó que "no se puede exigir a un concejal que sea constantemente un héroe".

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, también del PP, secundó a Fraga: "Si realmente a través de la Ertzaintza no se puede garantizar esa mayor protección, que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las que la ofrezcan". El presidente del Senado, el popular Juan Ignacio Barredo, situó la responsabilidad en la lucha contra el terrorismo sobre todo en los partidos que gobiernan en Euskadi, "que no siempre condenan los atentados".

El propio portavoz del Gobierno, el secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, intentó ayer suavizar esta polémica al asegurar que el PP sufragará con su dinero la seguridad de sus cargos públicos si no se la puede garantizar con fondos públicos.

El PP, tanto a través de su coordinador general, Ángel Acebes, como de su secretario general, el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, expresó ayer su "arnargura y dolor" ante el nuevo atentado y reafirmó que mantendrá la política antiterrorista en los ámbitos de los Pactos de Ajuria Enea, Madrid y Pamplona. El PP recalcó "la firme voluntad de todos sus cargos electos en el País Vasco de seguir participando activamente en el Gobierno de las instituciones y garantizando el funcionamiento de las mismas, fundamentalmente de las corporaciones locales vascas".