Servicio militar, una transición difícil

Si hay algún fenómeno social en España que se ha producido de tal manera que las leyes no han podido adaptarse al mismo, es del rechazo al servicio militar y el auge de la objeción de conciencia. Y frente a esta realidad imparable, los diferentes Gobiernos, antes del PSOE, ahora del PP, han actuado tantas veces dando palos de ciego, vacilando entre la represión pura y dura y la no aplicación de la ley, intentando deslegitimar a los movimientos de objetores e insumisos, o haciendo propuestas que pese a publicarse en el BOE jamás se llevaron a cabo. El bochorno del último sorteo de quintos y los consiguientes excedentes de cupo ha sido el último despropósito.Una vez puesta la fecha de la profesionalización del Ejército para el año 2003, en un momento que se negociaba la reforma de la Ley de Objeción, y que el número anual de objetores seguía creciendo, el Ministerio de Defensa decidió resucitar para este periodo de transición la figura del excedente de cupo. Medida que, unida a la. pretensión de impedir objetar después del sorteo, debía provocar una disminución del número de solicitudes de objeción. Pero el resultado que consiguió el Gobierno fue totalmente distinto. La reforma de la Ley de Objeción impulsada por CiU con el apoyo del PSOE va en dirección contraria a la que desea el Gobierno, y no conseguirá el apoyo de ningún grupo para recortar el periodo para objetar. Y el fiasco matemático del Ministerio de Defensa en el sorteo de quintos sólo sirvió para dejar en ridículo al Gobierno y deslegitimar todo el proceso.

No hay que olvidar que a diferencia de lo que ocurrió en Bélgica y Holanda o incluso Francia, la abolición de la mili obligatoria en España está motivada no sólo por cuestiones de operatividad y eficacia, sino también por el desmoronamiento del sistema debido al crecimiento de la objeción. Un fenómeno que año tras año aumenta y que en 1997 ha crecido todavía más.

De enero a octubre de este año se han presentado 109.041 solicitudes ante el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, pulverizando las cifras de años anteriores. Y es imposible que el Ministerio de Justicia cree puestos de prestación para los más de 120.000 jóvenes que objetarán este año.

Se puede disfrazar la incidencia real de la objeción de conciencia, y en muchas ocasiones el Ministerio de Defensa ha interpretado las cifras para decir que no pasaba nada, que la objeción no afectaba a sus previsiones. Lo mismo ha hecho Justicia con elnúmero de objetores aparcados o embolsados desde hace años a la espera de ser llamados a la prestación social. Todo depende de la manera que se calcule y en base a ,qué dato se compare la innegable cifra de solicitudes de, objeción. Una cosa son las solicitudes de objeción que se presentan ante el Ministerio de Justicia, y otra los reconocimientos que se otorgan. Efectivamente, no todas las solicitudes corresponden a futuros objetores. Han de deducirse unas 2.000 que corresponden a renuncias de objetores ya reconocidos y a solicitudes de convalidación de servicios prestados en el voluntariado. También hay casi 2.000 denegaciones anuales, muchos de los cuales acabarán declarándose insumisos ante las autoridades militares. Varía sustancialinente el porcentaje anual de objetores, según se compare a los 165.342 jóvenes sorteados este año o, puesto que muchos se encuentran en prórrogas, se los reparta y acumule en los años que su quinta fue alistada. Depende también de si eliminamos antes o después a los excluidos por incapacidad y de si añadimos a los que sin haber cumplido la mil¡ ingresan en los cuerpos profesionales. Según cómo lo computemos se podrá resultar que objetan un 35% o un 65% de los llamados a filas. Pero es evidente que el hecho de que a finales de octubre se hayan presentado 109.000 solicitudes, frente a las 93.000 del pasado año, y las 72.000 de 1995, muestra que es un fenómeno social sin control.

Y ello ocurre en tras un año en que el número de solicitudes para ingresar en los cuerpos profesionales del Ejército ha disminuido. Así, mientras el pasado año hubo 6,5 aspirantes de media para las 8.000 plazas de soldados y marineros profesionales, en la convocatoria de este año se han reducido a cuatro. Y puesto que en 1997 el número de plazas ofertadas se ha incrementado en un 18%, es posible que pese a la gran campaña de difusión que piensa lanzar Defensa, el número de aspirantes por plaza no aumente. Ello preocupa al Ministerio dado que hay quien no se presenta, otros han cursado solicitud en varios cuerpos, y muchos son descartados ya en las pruebas físicas.

Defensa tenía a su favor el relativo silencio informativo en que ha entrado el fenómeno de la insumisión, así como la innegable mejora de imagen de las Fuerzas Armadas por sus cinco años de actuación en Bosnia. Pero justo ahora que la Comisión Conjunta Congreso-Senado ultima las conclusiones sobre la profesionalización del Ejército, y que la minoría parlamentaria del PP provocó que se aprobase la propuesta deCiU para reformar la Ley de Objeción, el fenómeno social desborda y deja al Gobierno en una encrucijada, evitándose que el sistema no quiebre todavía, gracias a la bolsa de jóvenes en prórroga. Si como parecía, aprovechando la reformna de la Ley de Objeción, se exime de cumplir la prestación social a buena parte de los 200.000 objetores pendientes de ser llamados, Defensa aducirá que ello animará a muchos más a objetar con la esperanza de librarse. Pero si Justicia no se libera del lastre de los objetores acumulados, es imposible que pueda llamar a los que objetan ahora. El fenómeno sociológico, cuyas causas históricas y sociales son complejas, hace hoy difícil esa transición. En algún momento, como ocurrió tras el caso Miravete, se dijo que la objeción crecía cada vez que los medios de comunicación reflejaban casos de abusos o malos tratos en unidades militares. Posiblemente si la reforma del servicio militar hubiera sido más profunda, o se hubiera abordado de otra manera la regulación de la objeción, la situación sería distinta. Ahora, el fenómeno social rompe de nuevo las previsiones.

Sólo reduciendo los años del periodo transitorio y fijándose una meta de soldados profesionales en tomo a los 80.000 como propone parte de la oposición, frente a los 120.000 que desea el Gobierno, se conseguirá llevar a puerto el cambio de sistema. De lo contrario, el Ministerio de Defensa volverá a equivocarse en los números.