El Gobierno de Chile no apoya la moción contra Pinochet por "injustificada"

El ministro del Interior de Chile, Carlos Figueroa, afirmó ayer que el Gobierno no apoya la acusación constitucional contra el ex dictador y jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, que proponen diputados democristianos para impedir que sea senador, por considerarlo políticamente ''inconveniente'' a estas alturas de la transición. Antes, el portavoz del Gobierno había valorado la acusación como ''injustificada''

Entretanto, el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD) resolvieron apoyarla, aunque este último con condiciones; y la Democracia Cristiana decidirá qué hacer en un consejo el próximo lunes, mientras la derecha advirtió que se pone en peligro la estabilidad y el Ejército presiona para desactivar la acusación.Diputados de todos los partidos oficialistas presentaron ayer en la Cámara baja, en Valparaíso, un proyecto que se votará hoy, que rechaza y repudia la presencia de Pinochet en el Senado. El texto, basado en que el general no ayuda a la reconciliación y deteriora la imagen externa del país y del legislativo, sólo tiene un alcance moral de reprobación, pero ningún efecto práctico para su futuro como senador, a diferencia de la acusación constitucional.

En una entrevista concedida a una emisora de radio, el ministro Figueroa afirmó que la acusación contra Pinochet "es inconveniente en términos políticos". Añadió que a estas alturas del proceso de transición, donde todos los actores políticos han actuado con prudencia y moderación, no nos parece conveniente para el proceso que vive el país".

Añadió el ministro del Interior que "el Gobierno estima que esta acción [la acusación] es inconveniente para un proceso de transición que tiene que seguir desarrollándose". Y admitió que entre los militares existe preocupación y malestar "por lo que consideran una situación agraviante para el comandante en jefe". Planteó también que hay dudas sobre si se puede acusar a un jefe de una rama de las Fuerzas Armadas, porque la Constitución sólo prevé que generales y almirantes puedan ser acusados. El lunes por la noche, el ministro portavoz del Gobierno, José Joaquín Brunner, calificó también de "inconveniente e injustificada" la acusación.

Disuadir a los diputados

Al poner en la balanza la transición contra la acusación en la Cámara a Pinochet, el Gobierno envió un mensaje que parece destinado a disuadir a los diputados promotores de la sanción. Los presidentes de los partidos oficialistas acudieron ayer al palacio presidencial de La Moneda para informar de sus decisiones.Al término de la reunión, el presidente de la Democracia Cristiana, Enrique Krauss, dijo que su partido resolverá el lunes cómo actuar. Negó también estar preocupado por la visita que efectuó al alto mando del Ejército el lunes, porque "estamos actuando con apego a la Constitución y la ley". Algunos dirigentes de este partido critican a sus diputados que anunciaron la acusación el fin de semana pasado, por no haber consultado a la cúpula y al, resto de los parlamentarios.

En cambio, la comisión política del PS decidió apoyar la iniciativa, mientras el órgano directivo del PPD resolvió respaldarla con la condición de que detrás de la acusación estén todos los partidos oficialistas. En ninguno de los partidos, en todo caso, se descarta que cualquiera que sea la resolución de la coalición de gobierno haya suficientes diputados -se requieren un mínimo de 10- para presentarla.

La derecha prosiguió blandiendo la amenaza de que el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por las cuatro principales autoridades civiles del país y los cuatro jefes militares, se reúna para analizar el tema. El autor de esta idea, el ex ministro del Interior de la dictadura, Sergio Onofre Jarpa, afirmó que la presencia de Pinochet en el Senado, donde deberá estar con personas que lo han atacado constantemente y con exiliados de su régimen, sería una demostración de que "terminó el enfrentamiento". Los diputados de la Unión Demócrata In dependiente, el partido más cercano a Pinochet, plantearon ayer que la acusación es un acto de ''extrema irresponsabilidad".