El empresario que pagó comisiones al PP balear será juzgado de nuevo
El empresario Antonio Cuart Ripoli, que según se afirma en la sentencia del caso Sóller pagó al menos 50 millones de pesetas en comisiones al PP de Baleares y al ex presidente M Gobierno regional Gabriel Cañellas -para corresponder a la concesión del túnel de peaje de Sóller-, será juzgado nuevamente. Cuart fue acusado por el fiscal e Izquierda Unida de los delitos de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad documental en la sociedad de la que desvió la dádiva política, Las penas solicitadas suman siete años de cárcel.El juez de instrucción de Palma, Pedro Barceló, ha decretado la apertura de juicio oral de esta nueva causa penal, relacionada directamente con aquel escándalo sobre la financiación irregular del PP balear.
Cuart fue absuelto en julio pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en la vista general del caso Sóller, de un delito de cohecho, "por su conducta atípica", mientras que el ex presidente Cañellas fue considerado autor del delito, pero no se le aplicó sanción penal por haber prescrito el plazo. El ex secretario general del PP y ex consejero del Gobierno balear, José Antonio Berastáin, fue señalado como encubridor del cohecho e igualmente absuelto por prescripción.
Factura falsa
A Cuart se le acusa de disfrazar en la contabilidad la salida de las comisiones ilegales al PP mediante la compra de una factura falsa de 137 millones a una sociedad de Madrid. Según el fiscal y la acusación particular, es supuestamente responsable de estafa, falsedad y apropiación de fondos en la compañía del túnel, que quebró.Sendos juzgados de Madrid y Palma han indagado la compleja trama de dinero negro en la que posiblemente Cuart intentó despistar, los pagos al PP y al ex líder conservador. La sociedad matriz usada, la Compañía Hispanoamericana de Promociones y Construcciones, está presuntamente involucrada en un fraude de 4.000 millones de pesetas.
En el relato probado de hechos del caso-Sóller, el Tribunal Superior no profundizó en las raíces de este episodio, en cuyas circunstancias el fiscal Juan Carrau había amarrado parte de la doble acusación fallida de cohecho y prevaricación. El defensor de Cuart, Joan Buades, se opone a la nueva vista porque cree que no existe evidencia de estafa, ni perjudicados que reclamen, ni apropiación de fondos.
De la citada factura manejada por Cuart se derivan los 50 millones de pesetas directamente entregados al PP para sus campañas electorales de 1989. Cañellas ingresó una parte en su Fundación Illes Balears. A través de otras operaciones financieras no verificadas, bajo el paraguas de la factura falsa, salió de las arcas de la empresa de Cuart un maletín de 72 millones de pesetas que no se ha podido aclarar quién cobró.
