Paso a paso

EL MONOPOLIO de hecho de Telefónica en el mercado de la telefonía fija empezará a disolverse este, año, aunque desde luego no con la rapidez que desearían los usuarios. Retevisión anuncia ya los servicios que empezará a prestar, poco preocupantes por el momento para Telefónica. Pero a partir de agosto cualquier operadora podrá solicitar una licencia. Ya se conocen los requisitos que deberá cumplir el tercer operador para competir en el mercado con Telefónica y Retevisión, y son una muestra de los aires proteccionistas que soplan desde la Administración.Estos requisitos reflejan el escaso entusiasmo con que el Gobierno afronta la liberalización de las telecomunicaciones y su incapacidad para librarse de los desafios intervencionalista. Así, se exige al candidato a tercer operador un plan de inversiones de 100.000 millones de pesetas en cinco años, con el compromiso de invertir en el primer ejercicio al menos un 30%, cantidad arbitraria que no responde a ninguna condición racional.

Otras exigencias contenidas en las cláusulas administrativas elaboradas por el Ministerio de Fomento resultan igualmente chocantes. "El concurso valorará en particular el compromiso de los licitadores para la creación de empleo referido a uno, dos, cinco y diez años desde la fecha de otorgamiento de la licencia", reza el pliego oficial de condiciones. Parece razonable que el objetivo del concurso sea seleccionar a una empresa fuerte, competitiva y con capacidad de innovación tecnológica si fuere necesario, pero resulta mucho más discutible que el ministerio desempolve viejas fórmulas paternalistas para crear ilusoriamente puestos de trabajo. Aunque los desvelos del Gobierno por reducir la tasa de paro son de agradecer, no parece que el procedimiento más adecuado sea elegir al tercer operador de telefonía fija en función de su capacidad para generar empleo. Lo que cabe exigirle es que sea capaz de ofrecer servicio de mejor calidad y a coste más competitivo.

En un proceso de liberalización deberían evitarse trabas administrativas añadidas. Sin embargo, las condiciones impuestas para la desregulación del mercado telefónico indican que el Gobierno de Aznar apuesta por una liberalización controlada, muy a la española. En principio, el mantenimiento de controles políticos no tiene por qué ser discordante con otros modelos de gestión de las telecomunicaciones en Europa, cuyos Gobiernos se reservan, por ejemplo, la facultad de autorizar licencias en función de condiciones técnicas muy precisas. Pero en el camino emprendido la Administración española quiere conservar funciones más amplias de intervención. Así lo demuestra el hecho de que el Gobierno se reserve la adjudicación de una tercera licencia de móviles después de haber pactado con Telefónica y Airtel que les daría una a cada uno tras el acuerdo que alcanzaron para compensar a Airtel por los 85.000 millones que tuvo que pagar por la licencia y que Bruselas anuló.

Con estas y otras limitaciones, parece claro, que la liberalización efectiva del servicio telefónico será muy lenta. Es muy poco probable que durante este año y el que viene el fabuloso negocio de Telefónica, instrumentado gracias a un monopolio aún hoy efectivo que le proporciona más de dos billones de pesetas de facturación anual, resulte afectado por una competencia más teórica que real. Retevisión no estará en condiciones hasta septiembre, como pronto, de ofrecer a sus clientes llamadas interprovinciales e internacionales de acceso directo (sin prefijo), y las nuevas operadoras, más allá de la tercera, no podrán establecerse hasta diciembre. El tiempo trabaja a favor de Telefónica y en contra de la competencia.