La oposición mexicana exige el cese del ministro del Interior

Los ecos de la matanza de 45 indígenas en Acteal, municipio de Chenalhó, en el Estado mexicano de Chiapas, han llegado hasta el Congreso federal. La oposición pidió el lunes el cese del secretario de Gobernación (ministro del Interior), Emilio Chuayffet, e intentó, sin éxito, iniciar los trámites legislativos para destituir al gobernador chiapaneco, Julio César Ruiz Ferro.El centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) consideran que ambos políticos han mostrado su incapacidad para controlar la violencia que impera en aquella región, espoleada tras el alzamiento, en enero de 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los grupos opositores intentaron convocar un periodo extraordinario de sesiones para discutir la salida de Ruiz Ferro, pero la petición fue rechazada por la mayoría del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la comisión permanente. Tanto el gobernador de Chiapas como el ministro han dicho que no piensan renunciar, y que esta petición es simple "oportunismo político". La última palabra, en todo caso, la tiene el presidente Ernesto Zedillo.

Un total de 40 indígenas, algunos de los cuales militan en el PRI, han sido detenidos en relación con la matanza, en la que perdieron la vida 36 mujeres y niños, parientes de simpatizantes zapatistas. El alcalde de Chenalhó, el priista Jacinto Arias, está acusado de ser uno de los instigadores, del crimen, que la Procuraduría mexicana vincula a una venganza por disputas políticas y económicas entre las comunidades, mientras que la diócesis de San Cristóbal la achaca a una estrategia de exterminio de indios por parte del Gobierno.

Buscar las armas

El procurador, Jorge Madrazo, anunció ayer que han iniciado la búsqueda del armamento empleado en la matanza. Esgrimiendo las autopsias, Madrazo desmintió que los atacantes hubieran abierto el vientre de las mujeres embarazadas, como han recogido algunos periódicos. Las víctimas fueron asesinadas a balazos y por la espalda. También negó que hubiera presencia militar en la zona en el momento del crimen. "No hay forma de que quieran hacerle imputaciones al Ejército. Eso es querer sobrepolitizar las cosas, pero además engañar -a la gente". Sí había, dijo, agentes policiales a dos kilómetros. Es lo que ahora están investigando.Elementos del Ejército rescataron el lunes a 18 familias zapatistas que estaban retenidas en la comunidad de Puebla por sus vecinos priístas. Los liberados declararon que los priístas les obligaban a aportar dinero para la compra de armas. El éxodo de indígenas desplazados, que llega ya a 4.000 personas, se ha extendido a la Selva Lacandona, al este de Chiapas, bastión del EZLN.

Como ocurriera en 1994, cientos de familias de la región están llegando a Ocosingo ante las amenazas de las bases zapatistas.