Garzón imputa a otros 36 militares y policías argentinos por la guerra sucia

El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, decidió ayer declarar imputados a otros 36 militares y policías argentinos en el caso que instruye sobre la desaparición de 600 españoles en Argentina durante la guerra sucia desencadenada por la dictadura militar, entre 1976 y 1983.

La mayor parte de los nuevos acusados figuran en la lista entregada al magistrado por el ex capitán argentino Adolfo Scilingo que se encuentra en prisión por la misma causa desde el 10 de octubre, cuando se presentó voluntariamente ante el juez para colaborar en la investigación y están presuntamente relacionados con las detenciones y torturas y asesinatos perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada argentina (ESMA).

Según el auto hecho público ayer por el juez Garzón, estos nuevos imputados se suman a la lista de centenares de personas que figuran con tal condición procesal en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Las nuevas acusaciones se hacen a petición de la acción popular en el caso.

Entre los 36 nuevos acusados figuran el almirante Armando Lambruschini, que formó parte de la Junta Militar argentina; el almirante Jorge Isaac Anaya; Alberto González Menotti, ex guerrillero montonero acusado de colaborar con la Marina infiltrándose en los grupos de argentinos que se refugiaron en España; Guillenno Antonio Minicucci, oficial del Ejército de Tierra responsable de varios campos de internamiento donde practicó la tortura, y Héctor Antonio Cebres, médico de la ESMA, que supuestamente asistía a los partos de mujeres secuestradas para quedarse con los niños y entregarles a familias militares.

Petición del PSOE

El grupo parlamentario del PSOE pedirá el próximo 7 de enero la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, según ha comunicado el diputado Jesús Caldera, secretario del grupo, por considerar que hay asuntos fundamentales que discutir, como la petición planteada por el grupo los pasados días 17 y 18, en las que se insta al Gobierno a que cese de inmediato al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y al jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, informa desde Salamanca "Son dos personas ( ... ) que no creen en la democracia y ( ... ) que justifican golpes de Estado y dictaduras militares'' afirmó Caldera. Fungairiño, con el apoyo de Cardenal, considera que la Audiencia Nacional no es competente en los caso instruidos por Garzón y Manuel García Castellón. Este juez instruye la causa contra la dictadura del, general Augusto Pinochet por genocidio.En otra providencia notificada ayer, el juez Garzón informa también que estudiará las peticiones de procesamiento de, entre otros, el almirante Emilio Eduardo Massera y el ex presidente argentino Leopoldo Fortunado Galtieri, que formaron parte de las juntas militares.