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Editorial:

Justa devolucion

EL GOBIERNO remitirá durante el próximo año al Parlamento un proyecto de ley de restitución o compensación de los bienes pertenecientes a partidos políticos, sindicatos y asociaciones confiscados por un decreto-ley de 9 de febrero de 1939, en los últimos meses de la guerra civil española, y en acto de represalia contra quienes habían defendido la República. Para que un Gobierno democrático llegara a tomar esta decisión ha sido necesario que transcurrieran 22 años desde la muerte de quien firmó la incautación y que se sucedieran mayorías parlamentarias de tres colores políticos distintos.El primer paso para esta restitución fue obra de un Gobierno socialista, que decidió en 1985 devolver parte del patrimonio sindical acumulado a las centrales obreras. Las reclamaciones posteriores, del Partido Nacionalista Vasco y del Parlamento catalán, instando a la devolución del patrimonio de partidos, asociaciones y sindicatos, fueron derrotadas en las Cortes por la mayoría socialista y dieron pie a recursos ante los tribunales. Negociaciones para la restitución de estos bienes se han venido celebrando desde los Gobiernos de la Unión de Centro Democrático. La razón es que las dificultades acumuladas durante más de medio siglo para la localización, evaluación y restitución correcta del patrimonio a las entidades e instituciones entonces disueltas por la dictadura era y seguirán siendo enormes. Pero como suele suceder en todos los contenciosos de profundidad histórica, un hecho particular termina convirtiéndose en el catalizador. En este caso han sido las propiedades del PNV en Francia, incautadas en la fecha más cercana de 1951, entre las que se encontraba la sede del Gobierno vasco en el exilio -hoy Instituto Cervantes de París-, las que permitieron una negociación mucho mas concreta y su inclusión en los pactos para la investidura de José María Aznar en mayo de 1996.

Un año y medio después del acuerdo, el firmante ha honrado su compromiso, haciéndolo extensivo a todos los partidos, asociaciones y sindicatos. Durante el año próximo, las Cortes deberán debatir y aprobar la ley de restitución o compensación, y a partir de la aprobación se abrirá un plazo de un año para recibir las solicitudes de quienes se consideren afectados. Después, el Gobierno tendrá cuatro años más para devolver o compensar gradualmente con la pertinente indemnización las incautaciones que hayan quedado documentadas y admitidas.

Será cierta la afirmación del Gobierno, cuyo portavoz ha dado por saldada una "deuda con la democracia", si el proceso ahora iniciado termina satisfactoriamente. Más allá del simbolismo -que lo tiene, y en medida muy destacada- de la aprobación por un Gobierno conservador español de una ley que reconoce la necesidad de reparar uno de los actos realizados por la dictadura franquista, esta ley deberá juzgarse por sus resultados; es decir, por la justeza de los criterios empleados y por su buena administración.

Si en la restitución de parte del patrimonio sindical por los socialistas pudieron observarse elementos de oportunismo, éstos no están ausentes tampoco del actual gesto del Gobierno popular. Además de contentar a su aliado, el PNV, que es el partido más fácilmente beneficiable de la ley, el Partido Popular, siendo la formación más ajena a la transición democrática española, puede apuntarse el tanto de "consumar el cambio democrático" y, a la vez, poner en un brete a la oposición socialista. El PSOE no podía abordar seriamente esta restitución cuando estaba en el Gobierno, porque hubiera aparecido como una medida destinada, ante todo, a favorecerse a sí mismo. Ahora, si las diferencias de valoración con UGT se aclaran, tendrá dificultades para acogerse de forma airosa a la restitución planteada por los populares. Tampoco ayuda en esta disyuntiva moral el hecho de que algunos de sus dirigentes han sido condenados por el Tribunal Supremo por financiación ilegal.

Al margen de las intenciones políticas y de las consecuencias que puedan derivarse del sistema de restitución que adopten las Cortes, es lógico que partidos y sindicatos hayan reaccionado favorablemente. Es lógico también que quien pueda realizar esta difícil restitución con mayor desenvoltura sea un partido que nada tiene que reclamar. Pero sí el PP desea de verdad "consumar el cambio democrático", además de evitar el uso sectario de esta restitución, tiene todavía un buen camino para recorrer, que no se solventa únicamente con gestos de oportunidad política ni con reivindicaciones a veces pueriles de escritores y políticos de la República, sino con el arrinconamiento de los gestos intolerantes y de los reflejos autoritarios que nos remiten a tiempos superados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de diciembre de 1997