El Gobierno reactiva la política de concesión del tercer grado penitenciario a presos de ETA

El Gobierno del Partido Popular ha reactivado a lo largo de este año la política de concesión del tercer grado a presos de ETA -en la mayoría de los casos sólo acuden a la cárcel a pernoctar- a pesar de que esa práctica iniciada por los socialistas a comienzos de esta década fue criticada e incluso bloqueada por el PP cuando estaba en la oposición. Desde el pasado enero, el Gobierno, a través de la Dirección de Instituciones Penitenciarias, ha concedido ya el tercer grado a siete reclusos etarras. Otros nueve se han beneficiado de la misma medida por decisiones judiciales. Entre 1993 y 1996, ambos inclusive, Instituciones Penitenciarias sólo otorgó ese beneficio ocho etarras, mientras que los juces lo hicieron con otros 34. El año pasado, por ejemplo, un único etarra obtuvo la semilibertad.

Las estadísticas de los últimos años arrojan luz sobre la evolución de las políticas desarrolladas por los Gobiernos del PSOE y el PP en relación con los beneficios penitenciarios a presos condenados por terrorismo.Los socialistas lograron en 1990 el balance más audaz con respecto a los reclusos de ETA: 50 accedieron ese año al tercer grado. Era la época en la que la política de dispersión de presos se había consolidado y las conversaciones de Argel entre ETA y el Gobierno habían fracasado. Además, comenzaba a remitir el efecto atemorizador producido por el asesinato de la ex activista María Dolores González Catarain, Yoyes, que en 1986 había frenado los movimientos incipientes hacia la reinserción en las cárceles. En 1991, otros 16 reclusos disfrutaron de la misma medida.

En esos 66 casos de los años 1990 y 1991, la iniciativa había partido de la Administración, de forma que era Instituciones Penitenciarias el organismo que adoptaba la decisión de dar la semilibertad a los etarras. En 1992, entraron en escena los jueces de Vigilancia Penitenciaria, que otorgaron el tercer grado a cuatro de los 17 presos que ese año pasaron a tal situación.

Elemento de confrontación

Entre 1993 y 1996, la intervención de la Administración se retrajo de forma muy signiticativa. Eran tiempos en los que el Partido Popular, todavía en la oposición, había elegido la política de reinserción como importante elemento de confrontación con los socialistas y con las fuerzas integrantes del Pacto de Ajuria Enea. La presión del partido de José María Aznar hizo que los socialistas cerraran drásticamente el grifo y el panorama cambió radicalmente respecto a años anteriores.De hecho, dos presos de ETA se beneficiaron del cambio de grado a iniciativa de Instituciones Penitenciarias en 1993; en 1994 fueron cuatro y sólo uno en 1995 y otro en 1996. Frente a estos ocho casos, fueron 34 los reclusos a los que los jueces de Vigilancia Penitenciaria concedieron lo que la Administración negaba.

A lo largo de 1997, los 16 casos registrados indican que el panorama, y sobre todo la actitud del PP, ha variado notablemente y todo apunta a una cierta reactivación de la política de reinserción por la vía del tercer grado penitenciario. El PP se encuentra ahora con una oposición socialista y unos compañeros de mesa en el Pacto de Aujuria Enea que, lejos de cuestionar su actuación en este sentido, la alientan y la aplauden. Si acaso, piden más mano ancha y los cuestionamientos, de haberlos, provienen de las propias filas del Partido Popular.

En los últimos siete años, un total de 141 presos de ETA se han acogido a los beneficios penitenciarios del tercer grado y la mayoría de ellos se encuentran ya en libertad condicional o definitiva. En estos momentos sólo 25 de ellos siguen sujetos a sal condiciones del tercer grado, que les permite abandonar a diario la prisión para trabajar si disponen de un contrato en regla, así como disfrutar de permisos de fin de semana. Algunos de esos 25 están en esa situación desde hace varios años.

Las vías por las que los reclusos acceden a las llamadas progresiones de grado son dos: en 47 casos fueron los jueces de Vigilancia Penitenciaria los que, en respuesta al recurso de los propios interesados ante la falta de actuación de la Administración, les concedieron el disfrute de esas condiciones. En los 94 casos restantes, ha sido la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la que ha adoptado la decisión, basada en lo que la terminología oficial denomina evolución positiva. Bajo esta definición se entiende que el recluso ha dado muestras inequívocas de su desviculación de la disciplina del colectivo de presos de ETA y de su distanciamiento de las acciones de la banda, evidenciada en una crítica explícita.

Por ejemplo, en las cuatro últimas progresiones a tercer grado realizadas el presente año por Instituciones Penitenciarias, que datan del 15 septiembre pasado, tres de los beneficiados -José Antonio Carrasco Alba, Pablo Gómez Ces y Luis Gorriti Pagola- habían condenado públicamente el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco.

En otros dos casos, la Administración concedió el tercer grado por enfermedad grave -uno de ellos ha muerto- y en otro, el de José Miguel Latasa Guetaria, se trató de una reclasificación, puesto que había disfrutado ya de esa situación y la había perdido por la apertura de -una nueva causa por el juez Carlos Bueren. Latasa recuperó el tercer grado el 4 de agosto pasado.

En general, el paso del segundo al tercer grado trae parejo el traslado a una de las cárceles vascas para facilitar que los reclusos se reintegren a la vida social y familiar. Muy excepcionalmente algunos presos han preferido mantenerse en las prisiones en las que cumplen condena para evitarse problemas ellos mismos y sus familias. En estos momentos, uno de los beneficiarios del tercer grado sigue cumpliendo su condena en ese régimen en una cárcel andaluza, mientras otro lo hace en Madrid, donde reside su familia.