"Industria será muy permisiva con la instalación de gasolineras"

El secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales, Nemesio Fernández Cuesta (Madrid, 1957) tiene ante sí una tarea importante, abrir a la competencia un sector, el energético, acostumbrado, al monopolio, y en el que cada decisión abre un frente de conflicto. En la delicada tarea hay que combinar los intereses de grandes empresas y de pequeños profesionales, desde transportistas a gasolineros. Y, sobre todo, los intereses del consumidor, que espera del proceso de liberalización y competencia menores precios y mejor servicio.El anteproyecto de ley de Hidrocarburos aprobado el pasado viernes se enmarca, según Fernández Cuesta, en ese proceso liberalizador que tiene como puntos de conflicto inmediatos la discusión del Plan del Carbón con Bruselas -crucial para las empresas públicas Hunosa y Minas de Figaredo- y el malestar entre los empresarios de gasolineras por el acuerdo que permitirá autoabastecerse de gasóleo a las cooperativas de transportistas.

Pregunta. El Gobierno aprobó hace una semana el anteproyecto de Ley de Hidrocarburos. ¿Cuáles son sus objetivos?

Respuesta. La ley tiene dos objetivos. Uno, unificar y homogeneizar el tratamiento legal de un sector que va desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta su aprovechamiento. El segundo objetivo es liberalizar. Todo ese sector estaba trufado de intervenciones administrativas, que iban fosilizando privilegios o determinados hábitos monopolístico. Por ejemplo ahora es obligatorio por ley que el butano se distribuya a domicilio. Está muy bien, pero ¿por qué tiene que ser obligatorio? ¿Por qué no se pueden comprar botellas de butano en estaciones de servicio o hipermercados como en otros países?

P. El esquema liberalizador ha recibido alguna crítica del Consejo de Estado, especialmente en lo referido a la liberalización del gas...

R. En el gas natural estábamos y estamos en un monopolio de hecho. Y de lo que se trata es de deshacer ese monopolio, pero gradualmente y con sentido común. Por adelantar la liberalización del gas, la hemos hecho en dos fases. La fase importante es la que se contiene en la ley de Hidrocarburos, que debe pasar aún por la tramitación parlamentaria. Pero para adelantar, sacamos un decreto en el que conferimos a consumidores cualificados (consumo anual mínimo de 25 millones de metros cúbicos) la posibilidad de elegir suministrador. El decreto afecta a la industria eléctrica y a agrupaciones de más de cinco consumidores que sumen más de 25 millones de metros cúbicos de consumo.

El consejo de Estado lo que nos ha dicho es que con la ley en vigor, que data de 1987, no puede permitir esas agrupaciones de consumidores. Nos parece bastante razonable la posición del Consejo. Éramos conscientes de la necesidad de cambiar, pero también era nuestra obligación tratar de apurar las posibilidades de la ley antigua.

P. Sin embargo, el consumidor doméstico tendrá que esperar 10 años para poder elegir su suministrador de gas.

R. Es cierto. Pero hay consumidores que a partir de mañana ya podrán elegir suministrador. Y ello porque, hemos diseñado un esquema, similar al comunitario, pero más rápido. Nosotros vamos a empezar con una apertura del mercado gasista del 30% y contemplamos el 50% en cinco años y el 65% en 10 años [la UE contempla el 38% y el 43% en los mismos periodos]. Aparte, nuestro esquema es también más abierto. Por ejemplo, se generaliza la creación de sociedades comercializadoras de gas. Cualquiera que no tenga tubos, es decir, que no sea propietario de gasoductos podrá comercializar, comprar y vender gas, a los clientes que estén a su vez facultados para comprar gas libremente. Por utilizar terminología que se ha usado en otros sectores, no se trata de crear un segundo operador o un tercer operador, sino de que haya una multiplicidad de operadores.

P. El debate de la ley de Hidrocarburos se prevé conflictivo. Por ejemplo, están las posiciones enfrentadas de gasolineros y transportistas...

R. El problema es de marco legal. La ley de 1992 establecía un esquema de desmonopolización y fijaba la actividad de operadora al por mayor, de distribuidor al por menor, de gasolinero, con excepciones las cooperativas agrarias. El Ministerio de Fomento [a raíz de la huelga del transporte de febrero] aceptó la solicitud de los transportistas para que a sus cooperativas se les diera el mismo tratamiento que a las agrarias en cuanto a la posibilidad de adquirir combustible a los suministradores. Ahora, Industria dice que hay ir a una ley nueva que permita que toda persona física o jurídica pueda dedicarse a la distribución y comercialización de productos petrolíferos. Pero con una condición. Las normas técnicas y de seguridad tienen que ser iguales para todos. A nivel de principios, todo el mundo está de acuerdo.

P. El marco del conflicto está claro. ¿Pero cuál puede ser la solución?

R. La solución está en los dos principios que hemos recogido, la liberalización general y que las normas técnicas y de seguridad [en el suministro de. combustible] sean iguales para todos en función de criterios técnicos. El conflicto está en que en la ley de Acompañamiento [de los Presupuestos] se ha metido una disposición transitoria en la que se dice que hasta que no haya nuevas normas técnicas las instalaciones [de autosuministro que puedan hacerse los transportistas serán de consumo propio y no de venta al público. Pero es una transitoria que procuraremos que tenga la menor vigencia posible.

P. La nueva Ley de Hidrocarburos, ¿se traducirá en rebaja de precios?

R. No es discutible que la competencia genera rebajas de precios. Sobre ese principio, si hablamos de gasolinas, lo que hay que hacer es que haya más gasolineras. ¿Cómo? Permitiendo su construcción. Aquí entramos en una tarea colectiva. La legislación de Industria será absolutamente permisiva con todo el respeto a las normas técnicas y de seguridad, pero después vienen las normativas de carretera, autonómicas y municipales. Si los planes de ordenación urbana no contemplan lugares para hacer gasolineras, la gasolina será más cara. En la ley de Hidrocarburos hemos metido como uno de los criterios de planificación el número de instalaciones de venta al por menor que es necesario tener e.. función de población o de intensidad de circulación.

P. Se dice siempre que los impuestos de los carburantes en España son inferiores a la media europea. El proceso de convergencia ¿puede su-poner subidas de precio?

R. Es probable, pero eso trasciende de las competencias de este ministerio. Es competencia de Hacienda y de las Cortes.

P. La nueva ley de Hidrocarburos ha recibido también críticas por crear un nuevo órgano, la Comisión Nacional de Energía, que absorbería la actual Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Y ésta se ha distinguido por las críticas, tanto a las compañías eléctricas como al ministerio.

R. Teníamos la opción, y nos la planteamos, de crear una Comisión Nacional de Hidrocarburos y además la Comisión Eléctrica y la Comisión de Telecomunicaciones... Otra opción era aglutinar en un mismo órgano gas, electricidad y petróleo. Optamos por esta solución por economía de medios, por simetría de criterios y por adecuación a la evolución de los mercados.

P. En la composición de la Comisión Nacional de la Energía no ha mencionado el carbón. ¿Por qué?

R. Porque en el carbón todavía estamos normalizando el mercado. Cuando eso se produzca, la Comisión Nacional de Energía también se ocupará de esos temas, pero de momento, el carbón es un mercado radicalmente intervenido.

P.¿Cómo se va producir la integración de la actual Comisión Eléctrica en la Comisión Nacional de Energía?

R. Lo discutiremos y lo negociaremos. Tampoco tenemos inconveniente en que si el mandato de la actual Comisión Eléctrica llega hasta el año 2.000 se mantenga. Procuraremos llegar a acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias.

P. La Comisión Eléctrica ha mostrado preocupación por las inversiones del sector en el exterior. ¿Qué opina al respecto?

R. El Ministerio aspira a tener cada vez menos que decir en ese tipo de cosas, que pertenecen a la órbita empresarial. Dicho esto, lo importante es que no estemos drenando recursos del sistema español para llevárnoslos fuera y encima se nos diga que hay que subir tarifas aquí porque las empresas van mal. La ley Eléctrica prevé la separación jurídica y contable de actividades. Y esa es la línea correcta. Mi recomendación es que las sociedades eléctricas que realizan negocios regulados, como transporte y distribución de electricidad, no inviertan fuera. Y que si las eléctricas quieren hacerlo, lo hagan con la generación, con la comercialización o con otras sociedades, pero que aíslen la parte de negocio que va a tener que recibir fijación administrativa.

P. Volviendo al carbón, Bruselas cuestionó el Plan de la Minería pactado con los sindicatos...

R. Las negociaciones han ido razonablemente bien y se ha conseguido la aprobación del plan. Ellos han entendido nuestra posición y nosotros reconocemos que hay determinados incumplimientos por parte española que es necesario corregir. En esencia, el plan, para la minería privada, ha salido sin demasiados problemas. Donde más problemas tendremos es en la minería pública, Hunosa y Figaredo, porque aquí los incumplimientos son mayores.

P. En general, no sólo se habla de incumplimientos en el mercado delcarbón, sino de cosas más gruesas, como fraude.

R. ¿Cómo no se va a producir fraude, por ejemplo con el carbón de importación, en un país que por ser miembro de la UE tiene liberalizada la importación y aceptamos un precio interno de 10.000 o 12.000 pesetas cuando lo podemos comprar a 7.000 puesto en un puerto español? Lo primero es introducir mercado, lo que no es óbice para que haya subvenciones a las empresas, pero aprobadas por el Parlamento y transparentes.