El desquite de los pobres

Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) unos tres millones de personas trabajan en España en la economía sumergida, llamada también informal. Esta elevada cifra no debe sorprender a nadie; es probable, incluso, que el número de españoles que se ganan la vida al margen de la legalidad sea todavía mayor.Llego a esta conclusión por un razonamiento simple. Si la desocupación fuera en España lo que indican las cifras oficiales -21 por ciento de la población activa-, la agitación social en el país sería enorme, marcada por crisis semejantes, por lo menos, a las que tienen en vilo a Francia, donde el paro araña sólo el 12 por ciento (nivel, cierto, al que la sociedad francesa no está acostumbrada), y a Alemania, donde el aumento del paro hasta el 11 por ciento ha provocado una beligerancia sindical y una ola de huelgas sin precedentes desde la posguerra. España, en cambio, experimenta desde hace algunos años una paz social comparable a la de los países más estables de Europa. Una de las razones es, sin duda, que el paro real es bastante menor de lo que señalan las estadísticas, pues la economía sumergida emplea a un importante porcentaje de los oficialmente parados.

La economía sumergida era un fenómeno que, hasta el establecimiento de una economía global interdependiente, parecía exclusivo del subdesarrollo, o de algunos países avanzados de naturaleza peculiar, como Italia, donde aquélla siempre fue robusta. Hoy en día, la globalización ha contagiado también al mundo desarrollado la práctica de producir riqueza y crear empleo fuera del marco legal. Y en Europa se ha extendido el criterio de que el problema debe ser enfrentado drásticamente, pues la economía sumergida, que no paga impuestos y burla las leyes, roba rentas al fisco y frena, con su competencia trapera, el crecimiento de la economía legal.

En verdad, ésta es una manera errada de abordar el asunto. La economía sumergida o informal no es un problema; es una solución a un problema creado por los obstáculos artificialmente levantados en una sociedad para que todos los ciudadanos puedan ganarse la vida decentemente, dentro de la ley. Aunque esta afirmación debe ser matizada en el caso de ciertas industrias -como las del narcotráfico o las del secuestro, tan prósperas en ciertos países latinoamericanos- de clara vocación delictuosa, lo cierto es que la existencia de una importante economía sumergida es, de un lado, una impugnación severísima contra la injusticia que es impedir, o dificultar, que la gente encuentre trabajo; y, de otro, una prueba del espíritu creativo y la voluntad de supervivencia de los pobres que, ante la disyuntiva de respetar una legalidad que los condenaría al hambre o ignorarla y sobrevivir, eligieron esta segunda opción. Para un buen número de países en el mundo -todos los subdesarrollados, sin excepción- gracias a la economía informal, los sufrimientos y el desamparo de las mayorías no son todavía peores de lo que serían. Pues, en aquellos países, la única economía digna de ese nombre es la informal; la otra, la 'legal', no es más que el disfraz de la discriminación, Ia explotación y el pillaje más descarados.

La gente común no trabaja al margen de la ley porque tenga predisposición delictuosa. Lo hace cuando el costo de la legalidad está fuera de su alcance, debido al piélago burocrático que implica una excesiva inversión de tiempo y recursos, o porque los incentivos económicos para que lo haga son más fuertes que los que la incitan a actuar conforme a la ley, como, por ejemplo un regimen impositivo depredador de las actividades empresariales y profesionales, o un sistema de subsidios de jubilación, enfermedad, invalidez, paro, etcétera, que estimule el fraude, semejante al que está tratando de reformar en estos días en Gran Bretaña con gran coraje y tremendas dificultades, el laborista Tony Blair.

Trabajar en la ilegalidad conlleva altos riesgos, que sólo un puñado de temerarios corre por amor al peligro. Significa una permanente inestabilidad para los negocios, lo que impide planear operaciones a mediano y largo plazo, y abrirse un flanco al chantaje de policías y otras autoridades corruptas. Pero, sobre todo, implica cerrarse el acceso a los créditos y demás servicios del sistema financiero, al que solo abre las puertas la legalidad. Si hay tantos millones de personas que trabajan en estas condiciones precarias,es por que para la inmensa mayoría de ellas no hay alternativas, pues, en la sociedad en la que viven, el trabajo ha dejado de estar al alcance de todos y se ha convertido en un privilegio de minorías influyentes.

Hay una sola manera de acabar con la economía sumergida, o, al menos, de reducirla a su mínima expresión. Y consiste en 'informalizar' la economía legal, emancipándola del reglamentarismo asfixiante y reduciendo sus costos hasta hacerla accesible también a los pobres, y no sólo a quienes, únicamente gracias a su poder económico o su influencia política y social, están en condiciones de acceder a la onerosa y discriminatoria legalidad. Conviene citar aquí un instructivo ejemplo. El Instituto Libertad y Democracia, para averiguar el costo de la legalidad en el Perú, realizó en los anos ochenta un experimento. Fraguó una pequeña empresa a la que inscribió en los registros públicos, siguiendo toda la tramitación exigida por el Estado. El trámite le demoró un año y, para que no se Interrumpiera, debió pagar coimas en distintas reparticiones oficiales por un monto de 1.200 dólares. Ese mismo trámite de registro de una firma de las mismas características tomaba, en el Estado norteamericano de Florida, apenas cuatro horas y un coste insignificante. La diferencia explicaba por qué la economía informal era en el Perú elefantiásica y, en los Estados Unidos, pigmea.

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