El fiscal exige a Ias autoridades medidas para evitar catástrofes junto a los ríos
La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha requerido, mediante un escrito oficial, a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que deslinde "de inmediato" el cauce del río Guadarrama. Esto significa que la Confederación que tiene la competencia sobre lo que ocurre en las riberas, debe dejar claro qué terrenos adyacentes a los ríos están bajo su tutela y hacer que se respete la ley en esos terrenos donde se no puede edificar nada. Posteriormente, este organismo público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, debe tomar las medidas necesarias para desalojar y derribar los "cientos de viviendas ilegales" que existen en los márgenes.El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, ha advertido a la Confederación Hidrográfica que la ubicación y características del terreno fluvial donde se levantan estas edificaciones convertirán los asentamientos humanos en auténticas "ratoneras" ante una eventual crecida de las aguas. La fiscalía considera que con los deslindes acabados "ningún juez se negaría a autorizar el derribo de estas casas a sabiendas del potencial peligro que corren sus moradores". El fiscal no acierta a comprender por qué no se ha hecho ya ese deslinde, máxime cuando desde 1990 la Confederación conoce la parte de tierras que son de su propiedad. Delimitado lo público de lo privado, la Confederación debería haber puesto mojones y pleiteado con los usurpadores. Sin embargo, reprocha el fiscal, "se ha mantenido en la más absoluta inactividad".
Para la fiscalía, "constituyen un grave motivo de preocupación las ocupaciones que se producen del dominio público hidráulico y de las áreas de influencia directa de cursos de agua [debido] tanto al grave deterioro ambiental que generan como al riesgo que supone para la vida de las personas y sus propiedades". El fiscal recuerda a la Confederación que las construcciones adyacentes al río son ilegales, pues constituyen "usurpaciones por parte de particulares de un suelo que es de titularidad pública". Esas infraviviendas "destruyen el bosque de ribera, un ecosistema de gran interés en una región" ya de por sí "superpoblada y transformada".
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Operación muy larga
La Confederación del Tajo anuncia el derribo de 40 casas situadas en el cauce de los ríos
Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Antonio Llanos, recuerda que, desde hace meses, se están efectuando los deslindes. "Es una operación muy larga, que exige tres informaciones públicas. Lo que ya hemos acabado son los llamados apeos y deslindes de las partes que son claramente dominio de la confederación", indicó. "Se han colocado ya los primeros mojones para delimitar los dominios públicos hidráulicos. De todas formas, todo el proceso es bastante lento. Hay que sacarlo todo a información pública una y otra vez para que los afectados puedan presentar sus reclamaciones", añadió Llanos. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Tajo comunicará en los próximos días a los propietarios de las edificaciones ilegales existentes junto a los ríos que deben abandonar sus propiedades. De no hacerlo así, este organismo público comenzará un proceso judicial contra los moradores. La Confederación ya ha decidido las cuarenta primeras edificaciones que está dispuesta a derribar: las que se encuentran literalmente dentro de los cauces. Llanos añade: "Vamos a pedirles oficialmente, tal y como requieren los procedimientos legales, que se vayan. Si se niegan, actuaremos judicialmente, ya que esa gente está en peligro y no podemos permitir que la crecida de un río se los lleve".
