Privatizaciones cuestionadas

EL CONSEJO de Ministros aprobó ayer un proyecto de regulación de las televisiones autónomicas que abre la puerta a su privatización y permite que las comunidades dispongan de dos canales propios. El Gobierno ha justificado la medida como una pieza más de la liberalización de las telecomunicaciones emprendida -en cumplimiento de su programa electoral- para evitar que los ciudadanos sigan financiando con sus impuestos los déficit de las televisiones autonómicas y por la necesidad de ajustar la legislación a los avances tecnológicos. Más allá de las buenas intenciones, la iniciativa no parece tan inocente y va a significar una nueva conmoción del sector audiovisual, con repercusiones profundas en el ámbito político regional y en el mercado publicitario, ya muy castigado por la competencia desleal.El proyecto permite multiplicar las cadenas autonómicas en un momento en el que las seis existentes suman una deuda acumulada que ronda los 80.000 millones, una minucia frente a los casi 600.000 millones que acumulará la televisión estatal (RTVE) para finales de 1998. A esas seis habrá que sumar en un futuro próximo los canales ya solicitados por Canarias y Asturias, más los de aquellas comunidades que opten por una doble oferta desde el principio. Si a este panorama se une la proliferación por todo el país de las televisiones locales, que aún están sin regular, queda claro que sus efectos serán notables sobre el mercado publicitario, del que viven mayoritariamente las televisiones. Fuentes del sector aseguran que la inversión publicitaria en televisión ronda actualmente los 220.000 millones anuales, cuando se necesitaría el doble de esa cantidad para garantizar la rentabilidad de las cadenas.

El proyecto de ley deja en manos de las comunidades autónomas la elección de un modelo de gestión pública, privada o mixta de los canales. Pero la decisión se tomará en vísperas electorales en la mayoría de las comunidades, circunstancia que permite sospechar sobre los más que hipotéticos riesgos de favoritismo político a escala regional en la concesión de la licencias. La experiencia avala esta inquietud. La oposición socialista ha criticado que las fuertes inversiones públicas realizadas en el pasado en estas televisiones vaya a parar ahora a manos privadas. Por ejemplo, en el caso de Telemadrid, el Gobierno regional del Partido Popular ha invertido casi 25.000 millones en, los últimos dos años.

El plan del Gobierno tiene otra vertiente política. El proyecto de ley deroga la Ley del Tercer Canal, de 1983, y parte del Estatuto de RTVE de 1980. Alcanzar un nuevo consenso sobre esta última norma parece ahora más difícil que nunca, a la vista de las relaciones existentes entre los dos partidos de mayor implantación, que ni siquiera han podido alcanzar un acuerdo en los últimos meses para cubrir las bajas registradas en el Consejo de Administración del ente público.

El audiovisual es un sector en constante convulsión en este final de siglo. Al Gobierno le corresponde fijar unas reglas de juego que garanticen la libre competencia en el ámbito privado y la neutralidad en las televisiones públicas. El PP ha violado hasta ahora estos dos principios, amén de añadir deudas cuantiosas a las que acumularon sus antecesores socialistas. Los augurios, por tanto, no pueden ser peores. En el desordenado, baqueteado y politizado (ad nauseam) mundo de la televisión, todo aquello que suponga introducir más ruido puede ser fatal.