Cinco nuevos imputados en la supuesta compra de un diputado de Melilla
La consejera de Bienestar Social, María Garbín; dos inspectores de la Policía, Antonio Baena y Ramón Antón; el empresario Mohamed Uasani, y Antonio Arenas, gerente de otra firma, son los cinco nuevos imputados en el caso de la presunta compra del ex diputado melillense Abdelmalik Tahar -ayer prestó declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Melilla- para renunciar a su escaño, gracias a lo cual el PP, del que era tránsfuga, conserva su mayoría absoluta.Todos ellos se añaden al alcalde presidente, Ignacio Velázquez, así como a sus consejeros de Economía y Hacienda, Nicolás Sánchez, y de Obras Públicas, Ernesto Rodríguez, y a los jefes de Prensa y Protocolo. Unos y otros deberán comparecer a partir de enero ante el juez, Juan Rafael Benítez, para prestar declaración.
A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró nulo el decreto utilizado por Velázquez para impedir votar, en la moción de censura contra él del pasado 1 de marzo, a otro diputado tránsfuga del PP, Enrique Palacios, y ordenó que éste emita su sufragio, lo que le podría convertir en presidente, si bien en minoría. Palacios es precisamente quien se querelló contra Velázquez por su supuesta relación con el soborno confesado por Tahar.
Tahar abandonó el PP en febrero y, desde el Grupo Mixto, apoyó la iniciativa para desbancar a Velázquez. Después, sin embargo, se trasladó a Tenerife y renunció a su acta de diputado. Su marcha se debió, según Palacios, a que recibió dinero de varias personas para que el PP pudiera recobrar su supremacía numérica en la Asamblea.
La semana pasada, a través de una cinta de vídeo enviada al juez, el propio Tahar reconoció haberse embolsado tres millones a cuenta de los 50 que le prometieron y ayer mismo, durante tres horas, le relató personalmente los pormenores de la compra.
Aportando infinidad de detalles, Tahar, que cuenta con protección policial, manifestó que la operación se llevó a cabo a instancias de Velázquez y con las mediaciones del consejero de Economía y el de Obras Públicas y de los jefes de Prensa y Protocolo.
El precio fue de 50 millones, tres de los cuales los cobró en Tenerife, donde le buscaron, una colocación en una empresa aérea cuyo accionista mayoritario ha recibido importantes subvenciones del Ayuntamiento melillense. De esa manera, y sin trabajar un solo día, viene cobrando 200.000 pesetas mensuales.
Tahar, que también dijo haber sufrido chantajes para permanecer en silencio y no regresar a Melilla, mostró al juez, como dato anecdótico, el teléfono móvil que en marzo le proporcionó la Administración de la ciudad, que asumió igualmente el pago de las facturas. La línea le fue cortada ayer mismo.
El voto de Palacios
A todo esto, el Tribunal Superior de Andalucía emitió un auto por el que ordena "que se convoque la continuación de la sesión extraordinaria del 1 de marzo ( ... ) a los solos efectos de que el citado demandante [Palacios] emita su voto sobre la moción de censura".El fallo prosigue indicando que, "a la vista del sentido de su voto y de los ya emitidos válidamente por los restantes diputados locales, se proclame el resultado de la votación, con las consecuencias jurídicas que procedan en orden a la moción de censura planteada".
